El exsindicalista de UGT y uno de los principales acusados del caso del ERE promovido por el restaurante Río Grande, Juan Lanzas, se enfrenta a siete años de cárcel. La Fiscalía pide también seis años para su pareja y otros siete para la dueña del restaurante de la calle Betis por un presunto delito de prevaricación en concurso medial, con un posible delito de malversación de caudales públicos con cargo a los fondos autonómicos del mecanismo de financiación de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias.
El juez José Ignacio Vilaplana abordaba en su auto de transformación de las diligencias «la presunta ilicitud de las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo a la entidad Río Grande, sin sujeción al procedimiento legalmente establecido», añadiendo que, «de manera ilícita y fraudulenta, se concede una subvención a dicha empresa para satisfacer el pago de las indemnizaciones por despido de sus trabajadores afectados por el ERE de 2005 mediante la financiación de un seguro de rentas vitalicio».
Ahora, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla comienza un juicio que debía haberse celebrado a principios de marzo, pero que fue suspendido por petición del abogado defensor de Juan Lanzas, alegando que había sido designado para representar a Lanzas el 21 de febrero y que necesitaba un «margen razonable» de tiempo para estudiar bien la causa. La mayoría de las partes accedieron a la petición, incluida la Fiscalía.
Más de 1 millón de euros
La Fiscalía Especial contra la Corrupción solicita que todos los acusados, salvo Carmen Fontela, y junto a las entidades asociadas a los mismos restituyan a la Junta de Andalucía 1.531.299,51 euros por los «daños y perjuicios causados, con los intereses legales de demora». Todo ello, por un presunto delito de prevaricación en concurso medial con un posible delito de malversación de caudales públicos. Respecto a Carmen Fontela, el Ministerio Público reclama que responda como responsable civil «solidaria de los anteriores» por importe de 155.427,74 euros. Igualmente, la Fiscalía pedía el «comiso» de la cantidad de 93.090,17 euros a Lanzas y de 26.054,56 euros a Carlos L.B. «como ganancias derivadas del hecho delictivo».
Así funcionaba el fraude
Según el juez, la empresa «obtuvo unos beneficios de 1.250.594 euros en 2004 y de 21.480 euros en 2005». El magistrado concreta que la administradora única de la mercantil desde el 30 de enero de 1996, la investigada María del Carmen García, tuvo conocimiento de que la Junta, a través de la Dirección General de Trabajo y «al margen de los procedimientos establecidos, podía otorgarle fondos públicos para obtener liquidez inmediata», de forma que «consiguió que el titular de la Dirección General de Trabajo (el ya fallecido Francisco Javier Guerrero) beneficiara a su empresa con 1.531.300 euros», subvención que «no consta formalmente entre las ayudas concedidas y facilitadas por la Junta, toda vez que se utilizó el sistema irregular de ‘pagos cruzados’ para el abono de primas de seguro, de modo que dichos pagos -con fondos inicialmente destinados a verificar otros pagos- no quedan reflejados en la contabilidad de la agencia IFA-IDEA».
«fomentó activamente la concesión y pago de las ayudas a sabiendas de su ilicitud»
Para ello, según el juez, María del Carmen García Sánchez se habría valido de la «intervención» de Juan Lanzas por el papel de este en UGT y «como asesor del despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís, así como sus colaboraciones como intermediario en la consultora Vitalia», pues este investigado «fomentó activamente la concesión y pago, a sabiendas de su ilicitud, de las ayudas, realizando gestiones con los responsables de la Consejería de Empleo», en concreto con el ya fallecido director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.
En todo ello, la empresa Atrado, propiedad de Lanzas, era «utilizada tanto para facturar como para recibir parte de los fondos públicos que le correspondían conforme a lo acordado con los responsables de Vitalia, como para generar saldos disponibles en efectivo entregados a otras personas», «al objeto de canalizar y encubrir las gratificaciones y remuneraciones derivadas de esta irregular intermediación», apartado del asunto que abarca a los investigados Eduardo L.D.R. y Beatriz N.M., esta última pareja sentimental de Lanzas.
El caso de Vitalia
Antonio Albarracín, exdirectivo de Vitalia; y Francisco González, excomercial de la empresa, son los enjuiciados por la «gestión y tramitación de las pólizas» del ERE, incluyendo en las mismas a la investigada Carmen Fontela pese a que nunca había trabajado para Río Grande. Fruto de este ERE incentivado con fondos autonómicos, Fontela habría cobrado 155.605 euros, «cooperando así junto con María del Carmen García en el lucro personal de Francisco González y Juan Lanzas, pues salvo 1.750 euros» de los que «dispuso» para sí misma esta «intrusa» en el ERE, «el resto de las prestaciones ingresadas en cuenta habrían sido repartidas entre los referidos investigados».
El ERE del restaurante Río Grande incluía además a una «trabajadora contratada tan sólo tres meses antes de cumplir 65 años, habiendo alcanzado dicha edad con anterioridad a las fechas de solicitud de autorización y de aprobación» de un ERE destinado a la extinción de 12 de los 33 puestos de empleo, alegando causas organizativas de la empresa.