El Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba ha condenado a un hombre a 16 meses de prisión por un delito de resistencia grave a la autoridad y dos delitos de lesiones, tras un acuerdo entre las partes. Además, deberá indemnizar con un total de 3.770 euros a dos agentes de la Guardia Civil que resultaron heridos durante su detención.
Los guardias civiles, destinados en los puestos de Posadas y Palma del Río, contaron con la asistencia jurídica de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Uno de los agentes afectados es Gustavo Pérez, secretario general de la AUGC en Córdoba.
Según detalló la asociación, los hechos ocurrieron en abril de 2023 en la pedanía de La Ventilla, en Fuente Palmera. Dos patrullas acudieron al domicilio del condenado para requerirle que regresara voluntariamente al centro penitenciario de Córdoba, tras haber agotado un permiso, o que se desplazara con ellos en el vehículo oficial.
El hombre se negó de manera reiterada y, cuando los agentes intentaron detenerlo, se enfrentó a ellos con violencia. Durante el forcejeo, los guardias tuvieron que reducirlo aplicando la fuerza mínima necesaria antes de trasladarlo de nuevo a prisión. Como consecuencia, dos de los agentes sufrieron lesiones en manos, rodilla y cadera.
El abogado de los guardias, Álvaro Moreno, explicó que la sentencia fue dictada de conformidad, es decir, aceptada por todas las partes. Además de la pena de prisión y las indemnizaciones, el condenado deberá asumir las costas procesales. Moreno subrayó que el agresor cuenta con numerosos antecedentes y es reincidente en delitos contra agentes de la autoridad.
Desde la AUGC, Francisco Cruz, responsable de los servicios jurídicos en Córdoba, recordó que entre 2020 y 2024 se registraron en Andalucía 1.455 agresiones a guardias civiles, con un total de 1.536 agentes lesionados. “Todo apunta a que 2025 no será un año mejor en este aspecto”, advirtió.
Cruz denunció que las agresiones a guardias civiles son cada vez más frecuentes en la provincia y criticó que ni el Ministerio del Interior ni el Gobierno reconozcan a guardias civiles y policías nacionales como profesión de riesgo. También reclamó un endurecimiento de las penas, mayor protección jurídica y la dotación de medios adecuados, como pistolas táser y cámaras corporales, para reforzar la seguridad de los agentes.
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