El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Granada ha condenado al Ayuntamiento de Granada a indemnizar a los agentes de la Policía Local que fueron obligados a trabajar en la Semana Santa de 2025 por entender que se trató de una decisión «unilateral de abuso de poder» por parte del consistorio.
De hecho, la magistrada advierte al Ayuntamiento de que «esta no es la forma de resolver» el «problema de déficit estructural o crónico de efectivos en la Policía Local» y le insta a trabajar por la fórmula de la negociación.
En la sentencia, contra la que no cabe recurso y a la que ha tenido acceso Europa Press, la jueza estima el recurso interpuesto por cerca de una treintena de agentes contra el decreto de Alcaldía que les obligó a trabajar el 13 y el 20 de abril del año pasado, así como la orden de servicio por la que tuvieron que prestar su labor en la Semana Santa de 2025 «en contra de su voluntad».
La jueza da la razón a los agentes en este recurso, presentado por los servicios jurídicos de CSIF, y censura que se les obligara «mediante decreto» a prestar estos servicios extraordinarios «a pesar de no estar previsto en los turnos, de ser un evento previsible, de existir una alternativa contemplada en la Ley de Coordinación de Policías Locales de Andalucía y de carecer de acuerdo».
Al ser las horas extraordinarias de naturaleza voluntaria, esto supone para la jueza «una decisión unilateral de abuso de la posición de poder» que impide a los agentes conciliar su vida laboral y familiar «y desde luego -añade– esta no es la forma de resolver el Ayuntamiento su problema de déficit de plantilla».
«Nuestros Policías Locales también tienen derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de conformidad con la Ley», sostiene la magistrada, que condena al Ayuntamiento a indemnizar a cada uno de los agentes por el concepto de daños y perjuicios con el importe de 200 euros por día trabajado. De forma que, si ha trabajado un día perciba el agente 200 euros; si ha trabajado 2 días, perciba 400 euros y si ha trabajado 3 días, perciba 600 euros, según se precisa en la sentencia, adelantada este martes por el Independiente de Granada.
Denunciado por CSIF
CSIF ha destacado la importancia de esta resolución, pues llevan «tiempo denunciando la falta de efectivos y la necesidad de incrementar la plantilla de policía local para atender de manera adecuada todos los servicios ordinarios y extraordinarios».
«El colectivo está harto de tener que renunciar a su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral para salvar la falta de planificación de la jefatura», han criticado desde CSIF Granada.
Habla el Ayuntamiento
Por su parte, la concejal de Protección Ciudadana y Movilidad, Ana Agudo, ha señalado a través de un audio remitido a los medios que el Ayuntamiento se vio «forzado» a realizar este decreto «para garantizar la celebración segura de nuestra Semana Santa».
«Anular la Semana Santa nunca fue una opción por el perjuicio que eso habría conllevado para toda la ciudadanía: para el comercio, para la hostelería y por la repercusión muy importante en lo social, en lo económico y también para los cofrades», ha defendido.
«Se trataba de preservar la seguridad y por tanto el interés general debía prevalecer sobre cualquier otra cuestión; la decisión era o decretar estos servicios o suspender la Semana Santa y creemos que la sentencia no ha contemplado cuestiones que son claves, como el interés general del evento o como que se trata de un cuerpo de seguridad con lo que esto conlleva». En este contexto ha señalado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento «recurrirán la sentencia».