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El Congreso rechaza la petición del PP de negar el ‘finiquito’ a Cerdán, que cobrará 19.000 euros

19.000 euros. Esa es la cifra que cobrará Santos Cerdán como indemnización si cumple los requisitos establecidos y no percibe otra retribución. La Mesa del Congreso ha desoído la pretensión del PP de negarle el ‘finiquito’ al ex número tres del PSOE. Esto, a la vista de que un informe de los servicios jurídicos de la Cámara concluye que tiene derecho a cobrarlo.

El cuerpo de letrados de la Cámara se pronunció sobre este particular a raíz de la petición que el PP realizó a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para frenar el pago de esa indemnización a Cerdán, que está en prisión preventiva por su presunta implicación en una trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de la concesión de obra pública.

Los letrados del Congreso emitieron un informe en el que señalan que esta indemnización por cese es un «derecho» de los exparlamentarios y no una «concesión graciable». Es decir, si quien renuncia a su acta de diputado o senador cumple los requisitos que se establecen para solicitarla y no está afectado por ninguno de los supuestos que le excluirían de su percepción, generará el «derecho» de cobrarla.

Santos Cerdán, a prisión: el «cajero» de una trama que movió 537 millones

La Secretaría General del Congreso es la encargada de comprobar que Cerdán cumple los requisitos pertinentes para cobrar ese ‘finiquito’: haber estado en el escaño durante más y no percibir ningún otro ingreso ya sea público o privado.

Esta indemnización puede cobrarse durante un máximo de dos años y se paga mes a mes. Los exparlamentarios deben comunicar a la Cámara correspondiente si su situación de ingresos varía, puesto que si empieza a percibir un sueldo, dieta o pensión, dejaría de cobrar ese ‘finiquito’.

El PP argumentaba para avalar su petición que Cerdán habría ocultado al Congreso que era propietario desde 2016 del 45% de la empresa Servinabar, una de las presuntas sociedades adjudicatarias de la trama por la que también se investiga al exministro y aún diputado José Luis Ábalos y a su antiguo asesor en Transportes Koldo García.

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