CSIF ha advertido del «uso indebido de ambulancias por parte de las empresas SSGA y UTE TSI, adjudicatarias del transporte Sanitario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Córdoba, sin el equipamiento necesario ni personal cualificado suficiente para atender urgencias sanitarias», motivo por el que, en un escrito dirigido un escrito a la Consejería de Salud y Consumo, ha alertado del «uso continuado de ambulancias denominadas no asistenciales (tipo A1) en los servicios de Urgencias o para avisos médicos, que no cuentan con el personal sanitario mínimo de dos técnicos en Emergencias Sanitarias (TES)».
En este sentido y en una nota, el sindicato ha subrayado también el «uso impropio de aquellas ambulancias (tipo C) que, según la ley, tienen que movilizarse también con personal de enfermería y, según los casos, con personal médico y que, nuevamente, se utilizan para el traslado de pacientes sin ninguna supervisión por parte de personal sanitario». Esta es una práctica que, a juicio de la central sindical, es «de extrema gravedad y que pone en riesgo directo la vida de los ciudadanos» por parte de la Administración autonómica y con la «tolerancia pasiva de las empresas concesionarias del servicio».
Además, CSIF ha recalcado que esta «gestión negligente» del transporte sanitario, además de «afectar a la calidad asistencial hacia los pacientes por la falta de profesionales durante la atención de urgencias, compromete gravemente al personal técnico sanitario, obligándole a asumir responsabilidades y riesgos para las que no cuenta con respaldo legal», lo que «supone una flagrante vulneración de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales».
Por todo ello, la central sindical ha solicitado a la Consejería de Salud y Consumo que «ponga en marcha medidas de manera urgente para frenar esta situación, empezando por el cese inmediato del uso de ambulancias A1 no asistenciales en Urgencias y su sustitución por otras dotadas con, al menos, dos técnicos en Emergencias Sanitarias». Además, ha reclamado la «apertura de un expediente informativo y sancionador que investigue y depure responsabilidades sobre esta práctica irregular y la revisión y control efectivo de los contratos de transporte sanitario vigentes para garantizar que se cumplan estrictamente las condiciones técnicas y de personal exigidas por ley».