Alrededor de 50 trabajadoras del servicio de limpieza de los Centros de Participación Activa de El Perchel y La Trinidad, en Málaga, llevan desde el pasado mes de septiembre sin recibir sus salarios. La empresa responsable del impago es Haurin Limpieza y Multiservicios, adjudicataria del contrato público que gestiona estos espacios destinados a personas mayores.
Pese a la falta de cobro, las empleadas han continuado prestando servicio de forma habitual en estas instalaciones, que dependen de la Delegación territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. El sindicato CSIF ha presentado reclamaciones formales ante la administración autonómica y ha denunciado la situación ante la Inspección de Trabajo de la provincia.
Otros centros afectados
El problema no se limita únicamente a estos dos centros para mayores. Haurin Limpieza también presta servicio en otras instalaciones públicas donde se han registrado los mismos retrasos en el pago de nóminas. Entre ellas se encuentran el Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre y varias oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la provincia.
La mayoría de las afectadas por esta situación son mujeres que se han visto obligadas a mantener su actividad laboral sin percibir su sueldo durante más de cuatro meses.
Medio centenar de trabajadoras llevan desde septiembre sin cobrar en las instalaciones de El Perchel y La Trinidad en Málaga
Tras las denuncias presentadas por el sindicato CSIF, la Delegación territorial ha procedido a rescindir el contrato con Haurin Limpieza. Como solución provisional, se ha adjudicado el servicio de manera urgente a otra compañía, Multiservicios Lecos, que se encargará de la limpieza hasta que se publique una nueva licitación pública.
Esta medida busca garantizar la continuidad del servicio en las instalaciones y asegurar que las trabajadoras cobren las cantidades pendientes de los últimos meses. CSIF ha presentado una demanda judicial contra Haurin Limpieza para reclamar los salarios adeudados en nombre de las trabajadoras afectadas y continúa vigilando la situación en otros centros.
Reclamación judicial
El sindicato ha dado un paso más allá de las denuncias administrativas y ha interpuesto una demanda por vía judicial contra la empresa para recuperar los salarios impagados. Además, CSIF ha advertido de que mantendrá la presión tanto sobre la nueva empresa adjudicataria como sobre la propia Junta de Andalucía para evitar que se repitan situaciones similares.
La organización sindical ha solicitado a la administración autonómica que establezca mecanismos de control más estrictos en los contratos públicos para prevenir este tipo de incumplimientos laborales en servicios esenciales que atienden a colectivos vulnerables.
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