Lo primero que hace Sarah Almagro al llegar al barrio malagueño de Miraflores es buscar una zona donde el suelo sea liso. Mantener el equilibrio con las prótesis que lleva bajo los zapatos no siempre es fácil: a los 18 años le amputaron brazos y piernas tras una infección bacteriana. Hoy, con 25, es campeona del mundo de parasurf, pero en esta zona de la capital el desafío puede ser mayor que en el mar: aceras irregulares, escasez de rampas, o portales y comercios con escalones sin rebaje.
«Vosotros, los que tenéis pies, no notáis tantas dificultades al andar por suelos que no son lisos. Yo lo noto muchísimo. También pasa con el antideslizamiento de la calzada: si no lo hay y llueve, una caída puede fastidiarme», explica la marbellí. Y es que, salir de casa, ir al supermercado o visitar a la familia puede convertirse en una auténtica carrera de obstáculos para las personas con movilidad reducida por los problemas de accesibilidad.
«Nadie está exento de tener una discapacidad. Se supone que todos vamos a llegar a mayores y en algún momento vamos a requerir de esos rebajes de acera, esa rampa, o ese ascensor. Muchas veces no somos conscientes de ello hasta que lo sufrimos», señala Sarah sobre esta dura realidad de miles de ciudadanos. Los datos son preocupantes. Según un estudio publicado por TK Elevator, uno de cada tres andaluces encuestados asegura no poder visitar a familiares o amigos por falta de ascensores en sus viviendas.
Confinados, sin elección
Las dificultades aparecen desde el primer paso. «Hablamos de situaciones muy cotidianas, como salir de casa si tu edificio no tiene ascensor, acceder a un edificio público o simplemente caminar por la calle», explica Jennifer López, portavoz de TK Elevator. «Cuando existen barreras arquitectónicas no solo se limita la libertad de movimiento, también la igualdad de oportunidades».
El informe refleja que casi el 90% de los andaluces encuestados considera que la accesibilidad debería estar garantizada, aunque solo el 25,6% sabe que existen subvenciones para realizar obras de adaptación, un dato que, pese a situarse por encima de la media nacional, evidencia una clara brecha informativa. El estudio pone el foco especialmente en las personas con movilidad reducida y en los mayores, los colectivos más afectados por un entorno urbano que, en muchos casos, no ha sido diseñado para ellos.
«Alrededor de 5.000 personas no pueden salir de su casa en la provincia de Málaga»
El problema se agrava en el ámbito residencial. Manuel Jiménez Caro, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, explica que, en la provincia, entre el 40 y el 50% de los edificios se construyeron antes de los años 80, cuando no era obligatoria la instalación de ascensores. «Alrededor de 5.000 personas no pueden salir de su casa en la provincia de Málaga», señala. «Es una situación de auténtico aislamiento», añade.
¿Qué dice la ley?
La legislación es clara: las obras de accesibilidad son obligatorias cuando hay una persona con discapacidad o mayor de 70 años que las solicita. «No se decide si se hace o no la obra, se decide cómo hacerla», explica el presidente del colegio profesional. Sin embargo, el alto coste de muchas intervenciones y las limitaciones técnicas de edificios antiguos dificultan su ejecución.
Las subvenciones públicas son imprescindibles, en muchos casos, para desbloquear estas actuaciones. Ayuntamientos y Junta de Andalucía cuentan con líneas de ayuda, pero «muchos vecinos no saben que existen o no pueden afrontar el coste inicial», apunta Jiménez Caro. En algunos casos extremos, la única salida es la permuta de la vivienda por otra accesible a través de vivienda pública.
Aparcar, otro impedimento
Más allá de las aceras y las viviendas, los desplazamientos en coche también pueden convertirse en una odisea para aquellos que necesitan, por discapacidad, un estacionamiento cercano a su destino. Sarah Almagro denuncia problemas diarios como «la falta de aparcamientos PMR (Persona con Movilidad Reducida)».
«Según la normativa, por cada 40 plazas debería haber una de discapacidad y muchas veces no se cumple», lamenta. «Se trata de garantizar la cercanía al destino y facilitar el trayecto para que la persona con problemas de movilidad no llegue cansada. No es un privilegio, es un derecho», afirma la marbellí de manera contundente.
Aunque las consecuencias no son solo físicas. No poder acudir a un concierto o un paseo con amigos, situaciones de exclusión del ocio y de la vida social, tienen un impacto directo en la salud mental: «Es una forma de discriminación», afirma la marbellí.
De surfear olas a sortear bordillos
«Por desgracia, es probable que todos vayamos a tener algún tipo de lesión a lo largo de nuestra vida, como por ejemplo, un esguince. Y si no, algún día, seremos mayores. Estaría bien actuar, aunque sea por nuestro futuro», reflexiona la campeona de surf. Sensibilización, información y financiación son los pilares de esa rampa hacia la igualdad. Porque, según explican quienes dependen de ella para poder llevar una vida menos complicada, la accesibilidad no es una concesión, sino una cuestión de justicia social y de derechos.
Así relata su realidad—y la de miles de personas— la campeona de parasurf. Porque surfear olas no debería ser más fácil que sortear bordillos. Y porque, a veces, la ciudad no está hecha para todos. Para Almagro, la solución parte de la empatía: «Ojalá los responsables políticos cambiasen por un día la cómoda silla de sus despachos por una de ruedas y se dieran una vuelta por la ciudad».
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