El Juzgado de Instrucción número 14 recibió el pasado 1 de octubre un escrito donde se solicitaba la «comparecencia urgente» del administrador judicial del Málaga CF, José María Muñoz, por los siguientes motivos: Audiencia ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) sobre el ‘Caso Horta’, informaciones difundidas en medios de comunicación acerca de este tema y varias preguntas que se formulan por la negociación con el SC Braga.

Este escrito fue enviado por el abogado José Carlos Aguilera en representación de Management Empresarial Málaga SL, sociedad con la que BlueBay que tiene el 49% de la empresa NAS Spain. Este reclama que se cite de forma urgente al administrador judicial para que aporte la «declaración de apelación del Braga contra la
resolución de la FIFA y la contestación del Málaga a la misma» y «requerirle para que aporte, si se hubiere emitido, informe jurídico que fundamente un juicio de probabilidad sobre la apelación del Braga» y de manera cautelar se suspendan las negociaciones con el club portugués.

Esto llega después de que en la visita del Málaga al TAS, el estamento instase al club malaguista y al Braga a llegar a un acuerdo para evitar una decisión a todo o nada. Esto choca con las declaraciones anteriores por parte del club de Martiricos, donde se aseguraban ciertas cuestiones en favor al Málaga.

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Las cifras del ‘Caso Horta’

El Málaga llegó a un acuerdo con el Braga en 2016 por el traspaso a coste cero de Ricardo Horta y su intercambio con Juankar. Eso sí, el contrato añadía un 67% por futura venta del extremo a compartir junto a Jorge Mendes, representante del portugués (el 50% del 67, le corresponde al magnate). Además, según el club de La Rosaleda, en caso de recibir una oferta superior a cinco millones y rechazarla, debían abonar la parte correspondiente a los blanquiazules.

Tal y como apuntan desde Martiricos, el futbolista recibió una oferta que ronda los 17 millones por parte del Benfica, pero no fue aceptada. El Málaga tiene el documento y así lo ha afirmado en diversas ocasiones. Denunció ante la FIFA y esta, falló a su favor, obligándole al club portugués a pagar cerca de 11 millones de euros. Desde que se le comunicó, cada día que se retrase en el pago debería abonar 1.500€ adicionales diarios como interés. Por ello, el Braga elevó el caso al TAS, donde se encuentra actualmente.