Carlos Fernández, el exconcejal de Marbella conocido como el prófugo más mediático de la ‘operación Malaya’, ha quedado en libertad provisional este miércoles tras comparecer ante la Audiencia Nacional (AN). El exedil fue detenido sobre las 7.30 horas a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Buenos Aires, después de casi 20 años sin entrar en España.
La Audiencia Nacional juzgará al exconcejal de Marbella el próximo 5 de noviembre después de casi dos décadas fugado
Tras ser arrestado y trasladado a los calabozos de la Audiencia Nacional, Fernández ha quedado a disposición de la Sección Tercera del tribunal, donde se ha celebrado una vistilla sobre su situación personal. La AN ha fijado el juicio para el próximo miércoles 5 de noviembre, con la obligación de comparecer ese día para ratificar la conformidad anunciada.
La Audiencia Nacional ha tomado la decisión tras una comparecencia en la que tanto la Fiscalía como la defensa solicitaron la libertad provisional de Fernández. El tribunal ha tenido en cuenta que el exconcejal se puso voluntariamente a disposición judicial, según consta en el auto.
Según había adelantado 101TV en exclusiva, el pasado 10 de octubre la representación procesal de Fernández presentó un escrito en el que informaba del vuelo con llegada al aeropuerto madrileño este miércoles. El motivo de su regreso era estar junto a su padre, ingresado en el Hospital Costa del Sol tras sufrir un ictus.
Desde el punto de vista jurídico, no existen motivos legales que justifiquen prisión preventiva. La Justicia argentina declaró prescritas todas las causas por las que era reclamado en España, incluido el ‘caso Malaya’. La única condena que llegó a cumplir fue por el caso de las camisetas, en el que fue condenado a dos años y medio de prisión por malversación de 80.000 euros del club UD San Pedro.
El principal obstáculo que justificó su detención inicial es que Fernández se encuentra indocumentado. Esta circunstancia había impedido en múltiples ocasiones que pudiera embarcar en aeropuertos argentinos, donde era detenido sistemáticamente al saltar la alarma de la orden de búsqueda internacional de la Interpol.
Varios intentos fallidos de retorno
Cada vez que Fernández intentaba coger un vuelo en Argentina, las autoridades locales tardaban entre 48 y 72 horas en comprobar que la Justicia de aquel país ya había rechazado la extradición. Cuando quedaba libre, el avión en el que tenía que embarcar estaba ya al otro lado del océano Atlántico. Esta vez, las autoridades argentinas le permitieron volar al estar todas las causas prescritas.
Fernández fue una figura destacada de la época de excesos del Ayuntamiento de Marbella bajo el mandato de Jesús Gil. Concejal municipal y presidente de la UD San Pedro, el político residía en Puerto de la Torre antes de verse envuelto en la mega trama de corrupción que saqueó las arcas municipales.
Cuando la Policía Nacional acudió a detenerle en junio de 2006, Fernández ya había huido del país. Aprovechando que se encontraba en Galicia -según declaró, haciendo el Camino de Santiago-, cruzó la frontera portuguesa. Hizo una parada en un monasterio de León antes de llegar a Lisboa, desde donde voló a São Paulo para finalmente establecerse en Argentina.
Nueva vida en Argentina
Durante una década no se tuvo noticia de su paradero hasta que en 2016 reapareció en la provincia de San Juan, Argentina. Allí rehízo su vida, se casó con la periodista Carla Coppari -quien ha defendido públicamente que su marido «nunca se llevó dinero»- y tuvo dos hijas.
Fue detenido en Argentina, pero la Justicia de aquel país rechazó la extradición al considerar prescritas sus causas
En rigor, solo fue condenado por una de las múltiples imputaciones que recayeron sobre él: la malversación de fondos del club de fútbol de San Pedro Alcántara en 2005. Nunca llegó a ingresar en prisión por esa sentencia, ya que huyó antes de que la condena se ejecutara.
La vuelta de Carlos Fernández, motivada por el delicado estado de salud de su padre, marca un nuevo capítulo en una de las historias más insólitas de la ‘operación Malaya’, una de las mayores tramas de corrupción municipal de España. El próximo 5 de noviembre, la Audiencia Nacional pondrá punto final a su situación legal tras casi dos décadas de fuga.
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