El director de seguridad del Sevilla FC, Fernando Bernal, fue detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de hurto en un centro comercial de Nervión, a escasos metros del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El arresto se produjo el pasado 26 de febrero después de que los servicios de seguridad del establecimiento detectaran el supuesto robo.
El detenido habría intentado abandonar el comercio con varios artículos sin abonarlos. Entre los objetos intervenidos se encontraban al menos dos prendas de ropa y unas gafas de sol, con un valor aproximado de 800 euros. Durante la intervención también se le incautaron unos pequeños alicates.
Detectado por un vigilante
Los hechos ocurrieron cuando los vigilantes del propio centro comercial observaron el supuesto hurto y dieron aviso a la Policía. Hasta el lugar se desplazó una patrulla de Seguridad Ciudadana que procedió a la detención del sospechoso.
Posteriormente se trasladó a dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, donde se logró identificar, y posteriormente pasó por los calabozos. Tras prestar declaración, quedó en libertad provisional a la espera de juicio.
Oficial de Policía en excedencia
Fernando Bernal es oficial de la Policía Nacional en situación de excedencia y ocupa el cargo de director de seguridad del Sevilla FC desde el año 2015.
Antes de incorporarse al club sevillista, desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en la Unidad de Intervención Policial (UIP), el grupo especializado en control de masas y antidisturbios.
Desde su llegada al club, ha participado en la planificación de los dispositivos de seguridad de los partidos del equipo, en coordinación con las autoridades y la Policía Nacional.
Posible delito de hurto
El delito de hurto, recogido en el artículo 234 del Código Penal, castiga a quien se apodera de bienes ajenos sin la voluntad de su propietario y con ánimo de lucro.
En los casos en los que el valor de lo sustraído supera los 400 euros, como ocurriría en este caso, la pena prevista puede ir de seis a dieciocho meses de prisión, aunque será la autoridad judicial la que determine finalmente la responsabilidad penal.