El jefe de estudios de la Policía Local de Granada y subinspector del cuerpo, que se enfrenta a casi siete años de cárcel por la presunta comisión de varios delitos relacionados con la violencia machista, ha vuelto a ser detenido por presunto quebrantamiento de la orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a su mujer.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Granada, en funciones de guardia, ha acordado la puesta en libertad provisional del agente. Su detención ha derivado en la apertura de un proceso judicial por diligencias previas después de que no aceptara el acuerdo de conformidad propuesto por la Fiscalía y por la necesidad de seguir investigando las circunstancias y motivos por los que se produjo el presunto quebrantamiento de la orden de alejamiento.
Mientras esto se sustancia, el Juzgado le ha impuesto la prohibición de «acudir o residir» en el municipio de Armilla, lugar de residencia de la presunta víctima, bajo apercibimiento expreso de incurrir en un delito de desobediencia o de que se adopten nuevas medidas cautelares contra el agente que impliquen mayor limitación de su libertad, según consta en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press.
La medida cautelar ha sido aceptada por todas las partes, tanto el Ministerio Fiscal, como la acusación particular y la defensa. Según la mujer, el presunto quebrantamiento del agente se habría producido entre los meses de marzo y mayo por medio de llamadas telefónicas, que ella no atendió en ningún momento, y por varias desconexiones supuestamente intencionadas del brazalete electrónico que de forma permanente está obligado a llevar el funcionario policial para impedir su acercamiento a su pareja.
Desconexiones del brazalete
En este punto, el agente negó que las desconexiones fueran voluntarias y alegó que se debieron siempre a fallos de conexión del aparato. Frente a las dos versiones, el Juzgado ha encargado al grupo Cometa, encargado de la instalación y seguimiento de las pulseras, la realización de un informe técnico que aclare los motivos y causas de las desconexiones, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El pasado 4 de marzo, el Juzgado de Violencia de Género 2 de Granada abrió juicio oral contra este agente por la presunta comisión de delitos de violencia física y psíquica habitual, de menoscabo psíquico y de descubrimiento y revelación de secretos perpetrados supuestamente contra su expareja, de la que tiene orden de alejamiento, y una de las dos hijas que tienen en común. Es esa orden la que habría quebrantado ahora.
El Juzgado de lo Penal número 5 de Granada será el encargado del juicio, en el que se enfrenta a una petición fiscal de seis años y diez meses de prisión. La acusación particular, que ejerce el letrado Mariano Vargas, eleva la petición de cárcel por estos ilícitos a más de 15 años, según consta en este auto. La defensa del acusado, que lleva el abogado Domingo Domingo, interesa por su parte su libre absolución.
Escrito fiscal
La Fiscalía, en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que durante la relación con su expareja, pero sobre todo a partir de 2017, habría venido ejerciendo en el domicilio que compartían «de forma continuada, agresiones tanto verbales» como «conductas de control, debido también a su carácter machista y celoso como agresiones físicas».
Estas últimas habrían consistido en «empujones» o «golpes en la cabeza» o «en el brazo», extendiéndose las agresiones tanto físicas como psíquicas a las dos hijas «con desprecios y admoniciones constantes» sobre todo hacia la mayor, a la que habría causado lesiones.
Igualmente «el acusado sin consentimiento» de su «esposa separada ya de hecho» se habría «apoderado de contactos y fotos personales extraídos de los terminales del ordenador y del teléfono móvil de los que era usuaria».
Trataba al parecer de «averiguar si mantenía alguna otra relación sexual o sentimental así como las amistades que pudiese tener» utilizando también supuestamente la aplicación de un rastreador tecnológico «con el objeto de controlar sus movimientos y saber dónde y con quién» habría estado «en cada momento» su ex.
Nombramiento
El PSOE de Granada ha vuelto exigir este miércoles a la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo (PP), que «de una vez por todas» revoque el nombramiento a este agente como jefe de estudios de la Policía Local de Granada mientras dura el procedimiento judicial en el que está inmerso por un posible caso de violencia machista.
Entienden los socialistas que se trata de «hechos muy graves ante los que Carazo tiene que actuar con determinación y poniéndose «al lado de las víctimas» en un posible caso de violencia machista «en el que no debe mirarse hacia otro lado ni blanquearlo».
Por su parte, el letrado de la defensa, Domingo Domingo, destacó en su momento, en declaraciones a Europa Press que «todos los archivos de las denuncias de la mujer, que han sido muchas, y que el Juzgado y la Audiencia han remitido testimonio contra ella por denuncia falsa en algunas» de ellas.
Con vinculación al caso de supuesto maltrato machista que irá a juicio, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada investiga a varios agentes policiales en el denominado caso Viogén por la presunta comisión de un delito de revelación y descubrimiento de secretos tras acceder a datos de la expareja del subinspector en el citado sistema de seguimiento de víctimas de violencia machista.