La Policía Nacional ha detenido en la localidad cordobesa de Lucena a un empresario como presunto autor de varios delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros. El arrestado mantenía presuntamente a un grupo de personas en situación irregular trabajando en su empresa de material informático, donde además se veían obligados a pernoctar en condiciones de insalubridad.
La operación, que se saldó con la identificación de más de una veintena de empleados, ha sacado a la luz una red de explotación laboral que operaba desde una nave industrial. Según los informes policiales, el empresario aprovechaba la vulnerabilidad de estos ciudadanos, quienes carecían de los permisos legales necesarios para residir y trabajar en España.
Una investigación basada en la vigilancia
Las pesquisas comenzaron tras recibirse informaciones que apuntaban a la existencia de movimientos sospechosos en un polígono de Lucena. Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia discreta y comprobaron que, desde muy temprano, se producía un trasiego constante de furgonetas y personas de diversas nacionalidades dedicadas a la manipulación de componentes informáticos.
Lo más alarmante para los investigadores fue constatar que muchos de estos trabajadores no abandonaban las instalaciones al finalizar la jornada, sino que pernoctaban en el mismo lugar de trabajo. Esta práctica suele ser un indicador claro de situaciones de explotación o de trata de seres humanos, un concepto legal que se refiere a la captación y control de personas para ser explotadas laboralmente en condiciones cercanas a la esclavitud.
Condiciones de vida infrahumanas entre palés
A finales de noviembre, la Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, procedió al registro de la nave. Lo que encontraron en el interior confirmaba las peores sospechas: el empresario había transformado los despachos de las oficinas en dormitorios improvisados, donde se amontonaban camas y enseres personales.
Las condiciones de habitabilidad eran, en palabras de los agentes, «deficientes». La zona destinada a la cocina había sido construida de forma precaria con trozos de madera y palés, y el único cuarto de baño disponible carecía de agua caliente. Los trabajadores carecían de los derechos más básicos y se veían forzados a habitar en un entorno que no cumplía con las mínimas medidas de seguridad e higiene.
Consecuencias legales y laborales
El titular de la empresa se enfrenta ahora a cargos por vulnerar el derecho de los ciudadanos extranjeros. Este tipo de delitos se produce cuando un empleador contrata a personas que no tienen regularizada su situación administrativa (es decir, que no poseen permiso de residencia o de trabajo), aprovechando su necesidad para imponerles condiciones laborales abusivas.
La intervención se enmarca en los convenios nacionales para la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Tras prestar declaración en la comisaría, el empresario fue puesto en libertad, aunque queda a la espera de que el proceso judicial siga su curso. Por su parte, la Inspección de Trabajo ya evalúa las sanciones administrativas que podrían derivarse de estas graves irregularidades.
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