El exconcejal del municipio malagueño de Coín, Miguel Vázquez, ha sido uno de los detenidos en el marco de la operación ‘Gargamel’, según avanza en exclusiva el periódico ‘La Razón’. El edil, que pertenecía al Partido Popular, no aparece dentro de la página web del consistorio en el puesto que ejercía, pues dimitió una semana antes de ser detenido. Según estas mismas fuentes, al exconcejal se le acusa de presuntos delitos de blanqueo de capitales en la gestoría que regenta. Cabe destacar que, tras su detención, Vázquez quedó en libertad condicionada, a expensas de una resolución en firme.
Miguel, que siempre se ha dedicado a su gestoría, arrancó su andadura en política el del 28 de mayo del pasado 2023, fecha en la que obtuvo el acta de concejal en las elecciones municipales. Desde entonces, su labor residía en agrupar sus delegaciones en Industria, Patrimonio y Desarrollo Empresarial, con el objetivo de atender las necesidades de los empresarios y promover el desarrollo de nuevas empresas. Sin embargo, este entramado judicial ha acabado con su vida política.
Así operaba la organización
Según el relato policial, la red contaba, además, con un cabecilla que dirigía la actividad de blanqueo y un elenco de testaferros, quienes a su vez figuraban como titulares de bienes y cuentas bancarias. Hay que remontarse a noviembre de 2024 cuando se desarrollaba la primera fase operación, que conllevaba la liberación de 42 mujeres explotadas sexualmente en diversos prostíbulos de la localidad malagueña de Cártama y la capital.
Las víctimas tenían que estar disponibles las 24 horas del día para atender a los clientes y eran sometidas a una férrea vigilancia por miembros de la organización. Hubo entonces 19 detenidos y se practicaron registros en sendos establecimientos, que fueron clausurados por orden judicial. Además, se procedió al bloqueo de 9,5 millones de euros en cuentas bancarias y bienes y se intervinieron cuatro vehículos y 47.000 euros en efectivo.
Tal y como revelan las primeras investigaciones, la organización consiguió atesorar, en un periodo de cuatro años, un patrimonio ilícito cuyo valor se estima en 3,5 millones de euros. La investigación ha sido llevada a cabo conjuntamente por agentes adscritos al Grupo II de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, y el Grupo III de UCRIF de la Comisaría Provincial de Málaga.
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