La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a dos personas acusadas de vulnerar los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, tras descubrir posibles casos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Las detenciones se produjeron durante varias inspecciones en obras de rehabilitación y reformas situadas en la zona centro y en el barrio de Ciudad Jardín.
Según informó el cuerpo policial, la investigación comenzó cuando se tuvo conocimiento de que un ciudadano extranjero estaba trabajando en el sector de la construcción sin tener regularizada su situación administrativa en España. A partir de esta alerta, se puso en marcha un operativo en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dentro del convenio de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
A mediados de este mes, los agentes se personaron en tres inmuebles en obras y localizaron a ocho trabajadores que realizaban tareas de peones de construcción. Cuatro de ellos carecían de documentación que acreditara su residencia y permiso de trabajo en el país. Ante esta situación, los responsables de las empresas fueron detenidos como presuntos autores de delitos relacionados con la explotación laboral.
Las comprobaciones posteriores confirmaron que los empleados no contaban con contrato laboral ni alta en la Seguridad Social, lo que les impedía reclamar derechos básicos como la jornada laboral o el salario justo. Esta práctica, además de dejar a los trabajadores en situación de vulnerabilidad, suponía un beneficio económico ilícito para los empresarios al evitar las cotizaciones obligatorias y reducir costes salariales.
La Policía Nacional recordó que este tipo de actuaciones forman parte de su estrategia para combatir la explotación laboral y proteger a las posibles víctimas de trata. Asimismo, puso a disposición de la ciudadanía la línea telefónica gratuita 900 105 090 y el correo electrónico trata@policia.es, canales que permiten denunciar de forma anónima y confidencial este tipo de delitos. La llamada, además, no queda reflejada en la factura telefónica, lo que garantiza la discreción del denunciante.
Con estas detenciones, las autoridades refuerzan su mensaje de tolerancia cero frente al empleo irregular y la explotación de personas en situación administrativa precaria, subrayando la importancia de la colaboración ciudadana para erradicar estas prácticas.
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