La Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía ha detenido en Córdoba a una mujer y a su pareja sentimental, ambos de 23 años, acusados de causar lesiones al hijo de ella, un niño de menos de dos años. El menor ingresó de urgencia en un hospital cordobés con cortes visibles, sangrado en la parte baja de la espalda y bajo los efectos de sedación.
El caso se destapó el pasado 7 de octubre, cuando los médicos que atendieron al pequeño detectaron un comportamiento inusual: el niño se mostraba “excesivamente tranquilo y colaborador” para su edad. Ante la sospecha, se le practicaron análisis clínicos y un test de tóxicos en orina, que dio positivo en benzodiacepinas. Este grupo de medicamentos se utiliza como sedante y ansiolítico —para reducir la ansiedad—, además de tener efectos relajantes musculares y anticonvulsivos. Su consumo en un menor de tan corta edad constituye un grave riesgo para la salud.
La gravedad de los hallazgos llevó a los sanitarios a comunicar de inmediato la situación al Juzgado y al forense de guardia. También se activó el protocolo de Maltrato Infantil Grave (SIMIA) y se notificó al Servicio de Protección de Menores de Córdoba, dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.
A partir de ese momento, el Área de Protección al Menor de la Unidad Adscrita inició una investigación por posible maltrato físico grave y riesgo social. Como medida urgente, se ejecutó el desamparo provisional del niño, que quedó bajo la tutela de los servicios de protección, y se procedió a la detención de la madre y de su pareja.
Durante su declaración en dependencias policiales, la mujer aseguró ser víctima de malos tratos por parte de su compañero sentimental. Esta denuncia motivó una segunda detención del hombre, en este caso por un presunto delito de violencia de género.
La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Córdoba se ha hecho cargo de las diligencias correspondientes, que ya han sido remitidas a la autoridad judicial.
El menor permanece bajo protección oficial mientras continúa la investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de los detenidos.
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