La Guardia Civil de Melilla ha detenido al que considera el «mayor defraudador» económico de la ciudad, un hombre de 37 años y con doble nacionalidad -española y alemana-, al que se le imputa, además, un nuevo delito de blanqueo de capitales. Esto, tras una investigación desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Melilla, en colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) y el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de Canarias.
Según ha informado la Comandancia melillense, el detenido, que ya fue arrestado en una primera ocasión en noviembre de 2024, está acusado de defraudar más de 800.000 euros del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), fondos que supuestamente cobraba a empresarios y comerciantes locales sin llegar a ingresarlos en las arcas públicas, concretamente en la caja de la Ciudad Autónoma de Melilla. Entre sus antecedentes, ha añadido, figuran delitos de estafa, malversación, fraude y apropiación indebida.
La nueva imputación surge a raíz de denuncias presentadas por empresas del sector del transporte y trabajadores autónomos afectados por el fraude. La Unidad de Patrimonio de la UOPJ de Melilla abrió entonces una nueva línea de investigación, tutelada por la Fiscalía de Área y el Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad.
Durante varios meses, los investigadores analizaron documentación contable, cuentas bancarias y dispositivos electrónicos intervenidos, «encontrando indicios sólidos de operaciones de blanqueo de capitales vinculadas a actividades ilícitas tanto en Melilla como en distintos puntos de la Península». Como resultado de estas pesquisas, en julio de 2025 se notificó oficialmente al acusado la imputación del nuevo delito, ampliando así las causas abiertas contra él.
Daños a empresas y autónomos
La Guardia Civil ha destacado que la actividad delictiva del detenido «causó graves perjuicios económicos a empresas locales y trabajadores autónomos», especialmente del sector del transporte, «afectando directamente a la estabilidad del tejido económico de Melilla».
El Instituto Armado ha subrayado la complejidad y coordinación interterritorial que ha requerido esta operación, reafirmando su compromiso con la defensa de la legalidad, la protección económica y la lucha contra los delitos financieros y patrimoniales.
El portavoz policial ha asegurado que esta actuación está enmarcada «en el esfuerzo permanente del Cuerpo por salvaguardar los intereses de la ciudadanía y del tejido empresarial» y pone de relieve la importancia de combatir las conductas que «atentan contra la estabilidad económica y la confianza en las instituciones».
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