La Diputación de Granada y la Junta de Andalucía han decidido retirar tres obras a la empresa Obras Públicas y Regadíos S.A. (OPR), que está vinculada a la trama Koldo-Ábalos-Cerdán y que se encuentra en quiebra. Las administraciones han tomado esta decisión para tratar de evitar que se paralicen esas obras dada la situación de la empresa OPR, según ha avanzado el periódico Ideal y ha podido corroborar 101TV Granada.
Las dos obras que la Diputación ha retirado a OPR y que se encuentran ya en trámite de cesión a otras empresas corresponden a una glorieta en el tramo entre Gójar y La Zubia, con un presupuesto de 700.000 euros, y a un tramo de la vía que conecta la GR-3303 con la N-323, que da acceso a Alhendín y es conocida como la carretera del Hiper Dani de Armilla, con un presupuesto de 702.479 euros, según han detallado fuentes de la institución provincial a 101TV Granada. Las empresas en trámite de cesión de estas obras son Retrotrader y Hormacesa.
Por otro lado, la obra que la Junta de Andalucía ha retirado a OPR es la del desdoblamiento de la VAU-10 en el acceso a La Zubia. El contrato de dicha obra se cedió ya a la empresa Retroder el pasado mes de junio y esta ha continuado con las actuaciones.
Los directivos de OPR, investigados por la UCO y el TS
Los directivos de la empresa OPR, los hermanos bastetanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, están siendo investigados por la UCO y el Tribunal Supremo dentro de la trama Koldo-Ábalos-Cerdán por presuntamente haber recibido pagos de mordidas a cambio de contrataciones públicas. Esta situación ha provocado que la empresa declarara el concurso de acreedores.
Tres contratos de empresarios de Granada están relacionados con la trama Koldo-Ábalos-Cerdán
Otras obras retiradas a OPR
El pasado mes de junio, el Ayuntamiento de Sevilla ya se vio obligado a paralizar una obra en una de las carreteras más deterioradas, la SE-20, cuyo contrato se adjudicó a OPR. Tras entrar en concurso de acreedores por su presunta implicación en la trama de corrupción, la propia empresa comunicó al Ayuntamiento de Sevilla que no podía asumir los trabajos de reforma de la SE-20, por lo que el Consistorio sevillano sacó a licitación un nuevo contrato.
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