El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado este jueves, 25 d eseptiembre, con los votos a favor de PP y Vox y la abstención de PSOE y Con Málaga, el cuarto Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM) de este año, dotado con 39 millones de euros. «Estamos haciendo lo justo, ayudar a las personas, vivan donde vivan, de una forma proporcional», ha dicho el presidente provincial, Francisco Salado, en el debate de la propuesta.
Así, ha asegurado que se trata «de la mayor inyección económica de la historia de la institución» y que beneficiará a todos los ayuntamientos y, por tanto, a todos los ciudadanos de la provincia. «Van a recibir más dinero todos los municipios, los pequeños y los grandes, porque todos son importantes para la Diputación de Málaga», ha afirmado Salado.
De los 39 millones correspondientes a este cuarto PAEM, un total de 22 millones se destinan a los 86 ayuntamientos y dos entidades locales autónomas (ELA) con menos de 20.000 habitantes y se reparten en función de la población. De este modo, los 17 menores de 500 habitantes recibirán 190.000 euros cada uno; los 13 hasta 1.000 habitantes, 225.000 euros; y los 18 hasta 2.000 habitantes, 250.000 euros.
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Además, los 13 municipios de hasta 3.000, 265.000 euros; los 16 hasta 5.000 habitantes, 280.000 euros; los ocho hasta 10.000 habitantes, 300.000 euros; los dos hasta 15.000 habitantes, 335.000 euros, y un municipio de entre 15.001 y 20.000 habitantes recibirá 350.000 euros. El 60% del importe que reciban estos consistorios se dedicará a inversiones y el otro 40% a gastos corrientes, para que puedan hacer frente a sus necesidades de Tesorería.
Los 17 millones de euros restantes se repartirán entre los 17 municipios mayores de 20.000 habitantes, de modo que cada uno de ellos recibirá un millón de euros. El importe total de esa cantidad debe destinarse a inversiones.
Salado ha defendido que la institución provincial ha transferido a los ayuntamientos de la provincia una media de 120 millones en los últimos cuatro años, hasta sumar un total de 479 millones. Ha señalado que «la Diputación está para los 103 municipios de la provincia de Málaga y no solo para los menores de 20.000 habitantes», aunque estos son «prioridad» y para «servir a los ayuntamientos, independientemente del color político».
El diputado de Con Málaga, Juan Márquez, ha criticado que este plan se hace extraordinario «para meter a los municipios mayores de 20.000 habitantes», la mayoría de ellos gobernados por el PP; algo que, ha dicho, «hacen año tras año». Así, ha dicho que no está de acuerdo con el reparto y ha instado a dialogar con los municipios, reiterando que «los presupuestos nacen con trampas porque no incorporan todos los recursos que saben que van a tener a su disposición».
La diputada provincial socialista Desirée Cortés se ha cuestionado «para qué queremos una Diputación que ha perdido su razón de ser» y ha instado a que «vuelva a su senda que no debió abandonar» de los municipios pequeños, criticando el reparto que llega a los grandes. «Los pueblos pequeños y medianos no piden caridad, no piden justicia, piden un plan y este no es justo», ha dicho.
Según ha indicado, la Diputación ha decidido los criterios de reparto «unilateralmente» de estos fondos, que ha dicho son «del Estado, en lo que es la mayor transferencia en conceptos de tributos del Estado que ha hecho un gobierno a esta Diputación». Además ha criticado que el documento presentado con criterios alternativos «no ha sido respondido».
La diputada del PP Carmen Martínez ha defendido que se trata de «la inversión más importante de transferencia a municipios» y ha aludido a cómo determinados diputados socialistas van a explicar en sus municipios el no apoyar este plan. Algunos de estos diputados han respondido, considerando de «vergüenza» la propuesta planteada.
Agua
El pleno de la Diputación ha aprobado también la aprobación del expediente del contrato mixto de implementación e instalación del programa para digitalizar la gestión del ciclo integral del agua en 71 municipios menores de 20.000 habitantes. En total, este plan prevé una inversión de 15,5 millones de euros, de los que la institución provincial aporta 5,5 millones y 9,9 proceden de fondos europeos Next Generation –segunda convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de digitalización del ciclo integral–.
Los objetivos específicos del proyecto son mejorar el conocimiento de los usos del agua, digitalizando cada una de las etapas del ciclo para lograr la eficiencia hídrica y energética en todas sus etapas y consolidar un modelo de gestión integrada de los recursos hídricos en el que todos los actores (administradores del dominio público hidráulico, regantes, gestores del ciclo integral del agua y usuarios del servicio) colaboren para minimizar el impacto del cambio climático en la disponibilidad y calidad del recurso.
También incrementar la transparencia en la gestión del agua en las zonas rurales del interior de la provincia, utilizando la telelectura de contadores como palanca de transformación del servicio; y contribuir al cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en la planificación hidrológica en las distintas masas de agua, para lo cual se digitalizará la captación, el vertido y todos los elementos de la red de saneamiento que faciliten una gestión proactiva, de modo que se garantice la reducción de los vertidos y su carga contaminante.
Además, se pretende fomentar la innovación en la gestión del ciclo integral del agua mediante el uso intensivo de la digitalización en municipios menores de 20.000 habitantes, en los cuales el agua es eje esencial para el desarrollo sostenible.
Para el portavoz del PSOE, Josele González, este expediente es «una auténtica chapuza, una chapuza estratosférica», con «el informe desfavorable de la Secretaría; mientras que el diputado de Vox Antonio Luna ha indicado que aunque «las formas sean las que ha explicado el señor González, no pueden hacernos votar en contra u oponernos a algo tan importante como lo que se plantea en este expediente».
El diputado del PP Manuel Marmolejo ha defendido el expediente y ha dicho que este pliego «se ha trabajado con todas las áreas, se ha trabajado en Intervención, en Secretaría, se han ido recogiendo todas esas correcciones y lo traemos aquí».
Asimismo, el PP ha presentado una moción para pedir al Gobierno de España inversiones inmediatas y un plan extraordinario para garantizar la estabilidad energética en la provincia de Málaga que se emite «sin buscar culpables» sino «soluciones»; y que ha salido adelante.
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