La Guardia Civil ha sorprendido a dos personas haciendo uso de un detector de metales sin autorización administrativa en una zona de interés arqueológico del término municipal de La Puebla de los Infantes. La actuación fue llevada a cabo por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Lora del Río en el marco de un dispositivo preventivo frente a posibles expolios del patrimonio histórico.
Servicio preventivo
La intervención se inició durante uno de los servicios específicos de vigilancia que la Guardia Civil desarrolla para evitar el expolio en enclaves arqueológicos, especialmente tras las intensas lluvias registradas en las últimas semanas.
Según han explicado fuentes del Instituto Armado, este tipo de condiciones meteorológicas favorece la localización de restos arqueológicos en superficie, lo que incrementa el riesgo de actuaciones ilícitas por parte de personas que emplean detectores de metales sin autorización.
La zona en la que se produjo la actuación está catalogada como área de interés arqueológico, por lo que cualquier actividad de prospección requiere permiso administrativo previo.
Intentaron ocultar los objetos
Durante el servicio, los agentes observaron a una persona portando un detector de metales, mientras su acompañante llevaba un útil de labranza. Al percatarse de la presencia policial, ambos trataron de ocultar los objetos bajo un vehículo estacionado en las inmediaciones.
Ante la sospecha de que pudieran estar cometiendo una infracción relacionada con la protección del patrimonio histórico, los guardias civiles procedieron a su identificación plena.
Tras las comprobaciones oportunas, se constató que ninguno de los dos disponía de la preceptiva autorización administrativa para el uso de detectores de metales en esa zona concreta.
Intervención de fragmentos de monedas
En el transcurso de la actuación, los agentes intervinieron diversos efectos, entre ellos fragmentos de monedas y otros objetos que podrían tener valor histórico o arqueológico, extremo que será determinado por los expertos correspondientes.
Las diligencias instruidas, junto con los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente para la posible incoación de un expediente sancionador por una presunta infracción de la Ley del Patrimonio Histórico Español, en consonancia con la normativa andaluza de protección del patrimonio.