La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba celebra este miércoles el juicio contra dos agentes de la Policía Local de la capital, acusados de una cadena de graves delitos que incluyen detención ilegal, atentado contra la integridad moral, falsedad documental, denuncia falsa y lesiones. Los hechos que motivan la acción judicial se remontan a marzo de 2023, cuando uno de los agentes presuntamente agredió a un vecino tras este reprocharle la grabación de un ciudadano.
La denuncia contra los agentes, y el subsiguiente juicio oral, ha sido posible gracias a las imágenes de una cámara de seguridad que desmintieron por completo la versión policial inicial, según detalla la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), que acompaña legalmente a la víctima.
La semilla del conflicto: una grabación con móvil
El incidente tuvo lugar el 30 de marzo de 2023 en la calle Periodista Eduardo Varo de Córdoba. Los dos policías, que ahora se sientan en el banquillo, se encontraban en la zona requiriendo al conductor de un coche de caballos que retirara los excrementos dejados por sus animales.
En ese momento, uno de los agentes comenzó a grabar al conductor con su teléfono móvil. Un vecino de la zona, testigo de la actuación, se quejó al policía, argumentando que la grabación era innecesaria y no tenía sentido en el contexto de la intervención.
Ante esta queja, el agente reaccionó pidiendo la documentación al ciudadano. La persona, asustada por la posibilidad de ser multada, intentó huir corriendo del lugar.
La agresión y el uso desmedido de la fuerza
No obstante, el vecino recapacitó rápidamente y detuvo su marcha, regresando de forma pacífica para entregarse a los agentes. Sin embargo, la situación escaló violentamente.
Según el relato de APDH-A, uno de los policías le aplicó una «llave» —una técnica de inmovilización—, lo agarró por la espalda y lo estampó contra la persiana de una farmacia, restregándole la cara contra el metal antes de colocarle los grilletes.
A pesar de que el ciudadano ya se encontraba inmovilizado y mantenía una actitud pacífica, el mismo agente le practicó una segunda maniobra de derribo, golpeándole la cara contra el suelo. A continuación, lo inmovilizó durante varios minutos manteniendo su rodilla sobre la zona lumbar del detenido.
El video que «desmontó» la versión oficial
La clave para desenmascarar la actuación policial provino de la cámara de seguridad de la farmacia contigua. Las grabaciones permitieron no solo desmontar las acusaciones falsas presentadas inicialmente por los agentes contra el vecino, sino que se convirtieron en la prueba fundamental para la resolución judicial.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba archivó la causa seguida contra el ciudadano y, simultáneamente, acordó abrir diligencias contra los dos policías por un posible delito de detención ilegal y por faltar a la verdad en su denuncia. La asociación subrayó la importancia del video: «De no existir estas imágenes, la víctima habría sido probablemente condenada a una pena de prisión de hasta cuatro años.»
Secuelas psicológicas tras el incidente
Dos años y medio después, el vecino afectado presenta serias secuelas. Un informe pericial de la Red SIRA (Grupo de Acción Comunitaria) indica que, además de las lesiones físicas iniciales, la persona agredida sufrió una Reacción de Estrés Agudo, que ha evolucionado a un Trastorno Adaptativo Mixto con síntomas ansiosos predominantes. Este diagnóstico describe una condición psicológica derivada del evento traumático.
La víctima relató la humillación vivida: «Me sentí como un animal, como si no fuera una persona, por los golpes y por estar tirado en el suelo, como si hubiera hecho lo peor del mundo, con la gente pasando y mirando».
Peticiones de pena: fiscal vs. acusación particular
La APDH-A solicita en su escrito de acusación penas de prisión e inhabilitación para ambos agentes. Específicamente, aprecia la comisión de hasta cinco delitos en el caso del agente que practicó la agresión, y otros dos delitos —falsedad documental y denuncia falsa— contra el otro policía.
Por su parte, la Fiscalía solicita una pena de tres años y seis meses de prisión por un delito de falsedad y un año más por delito contra la integridad moral para uno de los acusados. Sin embargo, el Ministerio Público exime de responsabilidad al segundo agente.
La asociación criticó que, durante todo el proceso, el Ayuntamiento de Córdoba no haya suspendido de empleo y sueldo a los agentes implicados, quienes han continuado patrullando la ciudad «como si no hubiera sucedido nada», lamentando que este tipo de actuaciones policiales «arbitrarias y desmedidas» son más comunes de lo que se cree.
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