La atención domiciliaria sigue siendo la gran asignatura pendiente del sistema español de servicios sociales. Según el Índice DEC 2024, publicado este 30 de junio, los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia mantienen un desarrollo insuficiente para cumplir los objetivos de desinstitucionalización promovidos por el Ministerio.
El informe, que analiza la evolución de los servicios sociales desde 2012, confirma un panorama preocupante: 20 millones de personas, equivalentes al 42% de la población española, residen en comunidades autónomas con servicios sociales calificados como débiles o irrelevantes.
Castilla y León, País Vasco y Navarra encabezan el ranking, mientras Murcia, Cantabria y Madrid obtienen las peores calificaciones
Castilla y León, País Vasco y Navarra mantienen su posición como las comunidades con mejor calificación en servicios sociales, consolidando un sistema ampliamente desarrollado. En el extremo opuesto, la Región de Murcia, Cantabria y la Comunidad de Madrid obtienen la calificación de «irrelevantes» en esta materia.
Estancamiento
Los datos más alarmantes se concentran en los servicios domiciliarios. La cobertura de ayuda a domicilio apenas ha variado desde 2010, pasando del 4,7% al 5,7% de personas mayores de 65 años. Su intensidad también resulta insuficiente: 21,1 horas mensuales de media, solo 4,2 horas más que hace catorce años.
Para las personas dependientes de grado III, que según la ley necesitan apoyo permanente, la prestación media alcanza apenas las 60,2 horas mensuales. Esto equivale a dos horas y media diarias de lunes a viernes, claramente insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Los Centros de Día muestran una evolución igualmente preocupante. Tras años de estancamiento, en 2024 registran un ligero repunte hasta 1,10 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, cifra que sigue siendo muy limitada.
Los Centros de Día registran una cobertura muy limitada y 709.234 dependientes siguen sin acceso a teleasistencia
La teleasistencia presenta la mejor evolución relativa, con un crecimiento de 3 puntos hasta el 11,1% de cobertura entre mayores de 65 años. Sin embargo, el Plan de Choque para la dependencia establecía como objetivo la cobertura universal para personas dependientes que vivan en su domicilio. En 2024, 709.234 personas siguen sin acceso a este servicio.
Inversión insuficiente
El gasto en servicios sociales aumentó en 2023 hasta los 548,1 euros por habitante y año, un incremento del 7,05% respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, su peso sobre el PIB se reduce por tercer año consecutivo hasta el 1,76%, lejos del máximo del 1,88% alcanzado en 2020.
Las diferencias territoriales siguen siendo abismales. Mientras Extremadura destina 713,7 euros por habitante, Madrid invierte apenas 405,3 euros, un 76,1% menos. En términos de PIB regional, Extremadura triplica el porcentaje que Madrid dedica a servicios sociales (3,03% frente a 0,95%).
Esta brecha de inversión se traduce en coberturas muy desiguales entre territorios: Canarias tiene 2.973 habitantes por profesional en servicios sociales comunitarios, seis veces más que Navarra (494). Las Rentas Mínimas de Inserción alcanzan al 58,1% de personas bajo el umbral de pobreza en País Vasco, frente al 0,35% en Castilla-La Mancha. Andalucía ofrece 21,2 servicios de ayuda a domicilio por cada 100 mayores de 75 años, 24 veces más que Extremadura (0,9%)
Reconocimientos
El Índice DEC 2024 distinguirá tres iniciativas pioneras en desinstitucionalización durante su presentación el 30 de junio a las 12.00 horas en el Ateneo de Madrid: el proyecto SHARE de Fuenlabrada, las viviendas para mayores en municipios rurales de Cuenca y el programa Acompañando-T de Teruel.