El administrador concursal de la empresa propietaria de La Cartuja Pickman ha solicitado al Juzgado Mercantil número 3 de Sevilla una modificación del plan de liquidación con el objetivo de agilizar los plazos ante una posible venta de la histórica fábrica. El escrito presentado propone que el procedimiento disponga de un plazo de 20 días desde su aprobación definitiva por la autoridad judicial.
En la documentación remitida al Juzgado, el administrador justifica la necesidad de avanzar con rapidez alegando tres motivos principales. En primer lugar, recuerda que el ERTE que afecta a los 34 trabajadores finaliza el 31 de diciembre, lo que obliga a resolver con urgencia sus relaciones laborales. En segundo término, sostiene que la situación de la compañía ha alcanzado una amplia difusión mediática, suficiente para garantizar que los posibles compradores ya conocen el estado de la empresa. Por último, señala que la administración concursal ha trasladado información detallada a más de un interesado, con la intención de atraer ofertas que contemplen la subrogación del mayor número posible de empleados y aseguren la continuidad de la actividad industrial en Sevilla.
Expectación sindical
Fuentes sindicales reconocen que permanecen expectantes ante la posibilidad de una venta que permita salvar la actividad. Consideran que sería “un jarro de agua fría” que la fábrica no continuara su producción.
Desde las organizaciones sindicales confirman, además, la posibilidad de mantener una nueva reunión con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, siguiendo la línea de los encuentros celebrados semanas atrás.
Plazos y activos en liquidación
El documento presentado ante el Juzgado detalla que, en caso de que la venta se canalice a través de una entidad especializada, el proceso tendría una duración aproximada de un mes. En este periodo se celebrarán dos subastas de diez días cada una, prestando especial atención a la agrupación de activos. Según las cifras aportadas, la empresa dispone de activos valorados en 541.246 euros y mantiene más de 117.000 piezas en existencias.
De forma paralela, Facua Sevilla informó hace un mes de que varios afectados han presentado denuncias por fraude ante la autoridad judicial por pedidos no entregados tras la disolución de la compañía. La asociación sostiene que la firma continuó vendiendo productos por internet a través de su página web pese a conocer que no podría cumplir, ya que la fábrica cesó su actividad el 31 de julio y la plantilla entró en ERTE el 28 de agosto.
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