El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha intervenido este lunes en la Tribuna de Alcaldes de la Diputación Provincial de Málaga para fijar una posición «clara, responsable y plenamente institucional» en relación con la adaptación de los espacios destinados a la realización de los exámenes del permiso de conducir en el municipio, una competencia que corresponde al Estado a través de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Durante su intervención, el regidor ha agradecido expresamente a la Diputación y a su presidente, Francisco Salado, el compromiso demostrado para evitar perjuicios a los jóvenes de Antequera y de toda la comarca, asumiendo finalmente el coste de una actuación que desbloquea la situación existente.
No obstante, ha subrayado que esta solución, aun siendo responsable y beneficiosa para los ciudadanos, «no puede ocultar una realidad evidente: se ha cambiado el pagador, pero no al responsable, que sigue siendo el Gobierno de España».
Barcón ha señalado que fue el propio Gobierno de España, a través de la DGT, quien planteó inicialmente que los ayuntamientos asumieran los costes de un servicio que es competencia exclusiva del Estado, una pretensión ante la que el Ayuntamiento de Antequera manifestó una negativa «razonada y legítima», basada en el principio de que las entidades locales no deben financiar competencias que no les corresponden.
En este contexto, ha cuestionado la actuación del grupo socialista en la Diputación, señalando la que ha considerado contradicción entre sus posicionamientos políticos. Así, ha criticado que «mientras desde este grupo se ha reclamado públicamente que la Diputación retire o limite las transferencias de los Planes de Asistencia Económica Municipal (PAEM) a los municipios de mayor población, ahora se exija a esta institución que asuma el coste de un servicio estatal en una ciudad como Antequera, que supera los 20.000 habitantes».
Asimismo, ha criticado «la incoherencia mostrada por estos mismos grupos en otros debates de carácter institucional», y al respecto ha señalado que «no se puede defender la ordinalidad para unos territorios y negarla para otros, ni hacer demagogia con una supuesta ‘justicia financiera’ cuando interesa y olvidarla cuando conviene». En este sentido, ha insistido en que la política no puede ejercerse «con geometría variable según el interés partidista del momento».
«El problema no es de recursos, sino de prioridades y de coherencia política», ha afirmado el alcalde, que ha insistido en que no se puede reclamar justicia financiera para unos territorios y negarla para otros, ni exigir a la Diputación que se inhiba en unas ocasiones y que actúe en otras cuando conviene políticamente.
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