El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona ha acordado continuar el procedimiento judicial contra el alcalde de la ciudad, José María García Urbano (PP), por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Según el auto fechado el 29 de abril y al que ha tenido acceso 101TV, el caso pasará a ser juzgado por un tribunal del jurado, al tratarse de un delito recogido en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
La investigación gira en torno a la contratación de una mujer, identificada por sus iniciales C. P. B., como funcionaria eventual en el Ayuntamiento de Estepona en febrero de 2023. Según el juez instructor, existen indicios de que el regidor, “aprovechando su condición” como alcalde, promovió el nombramiento con el objetivo de proporcionarle “una mejora o ayuda económica”. El vínculo personal entre ambos se describe en el auto como una “relación íntima de amistad”.
El juez destaca que la asesora cobró más de 5.000 euros públicos sin actividad acreditada
El decreto de nombramiento fue emitido el 13 de febrero de 2023, asignando a la contratada labores de asesoramiento especial y de confianza dentro del Área de Control Externo del consistorio. El contrato finalizó el 31 de marzo del mismo año. Durante ese periodo, la mujer percibió dos nóminas con cargo al erario público: una de 1.634,64 euros netos correspondiente al mes de febrero y otra de 3.642,28 euros en marzo.
El próximo 4 de junio
Sin embargo, el juez destaca que no existe constancia de que C. P. B. llegara a realizar trabajo alguno vinculado a su puesto. «No se ha acreditado que desempeñara actividad alguna derivada de este nombramiento», recoge literalmente el documento judicial. Ante estos hechos, el magistrado considera verosímil que se haya cometido un delito de malversación de caudales públicos, tipificado en el artículo 432 bis del Código Penal, por lo que acuerda la continuación del procedimiento bajo las reglas que rigen el juicio ante jurado.
El auto también convoca a una comparecencia para el próximo 4 de junio de 2025 a las 10.30 horas, en la que deberán comparecer el investigado, el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas, con la obligación de que el alcalde asista con representación letrada. El procedimiento se enmarca en una pieza separada de una denuncia anterior que fue archivada, y representa un nuevo frente judicial para el actual regidor del municipio malagueño.