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El Ayuntamiento de Albacete declara a Pedro Sánchez persona ‘non grata’

El Ayuntamiento de Albacete declaraba este jueves persona non grata al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha pedido su dimisión tras aprobar una moción en el pleno municipal presentada por el concejal no adscrito, José Ramón Conesa, que ha sido apoyada por Vox y PP y ha contado con los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos. Los partidos opuestos han tachado la propuesta de ser «un ataque a la institucionalidad democrática y un ejercicio de propaganda barata». Evidentemente, una propuesta del ámbito municipal no exenta de polémica y que algunos consideran como una ‘boutade’.

Conesa justifica la declaración de ‘persona non grata’ de Sánchez porque bajo su mandato el Gobierno de España «se ha convertido en estos siete años en el más corrupto de la historia». Según el edil, el Ejecutivo se forjó con “pactos contra natura” junto «con los asesinos» y «herederos de ETA», y resalta su «inutilidad manifiesta y corrupción crónica». En su intervención también afea la gestión del Gobierno en la pandemia o la dana.

Vox votó a favor de la moción por «buscar el bien de los españoles», pese «al señor que la propone», según expresó la concejala portavoz, Lorena González Vidal. También se refirió a «los numerosos casos de corrupción» que rodean a Sánchez, desde el de Koldo García hasta el de Santos Cerdán. «El entorno familiar del presidente está también salpicado de corruptela, como el caso de su hermano o su propia esposa», ha agregado.

Por su parte, los concejales del PSOE José González Martínez y de Unidas Podemos María Nieves Navarro advirtieron de que la moción supone un ataque a la institucionalidad democrática y acusaron al concejal no adscrito de hacer apología del franquismo en varias ocasiones. Además, un exministro como el malagueño Alberto Garzón criticó durantemente en redes sociales que algo así pueda ocurrir y se pueda declarar a una persona ‘non grata’.

En cuanto a la opinión jurídica al respecto, el propio Tribunal Constitucional considera que la calificación de ‘persona non grata’ no atenta contra el honor de las personas, aunque admite en su jurisprudencia que atribuir calificativos a sus administrados tal vez no sea la función de un Consistorio.

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