El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha cerrado este jueves el debate sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral después del incendio que afectó a una capilla el pasado 8 de agosto. La propuesta del PSOE y Hacemos para abrir un debate sobre una «gestión pública, participada y profesional» del monumento ha sido rechazada.
En su lugar, ha prosperado una enmienda del Partido Popular, respaldada por Vox, que ratifica la legitimidad de la propiedad actual del Cabildo Catedralicio sobre el emblemático edificio.
La legalidad de la titularidad, confirmada
La moción aprobada se basa en dos informes clave que confirman que la Iglesia Católica es la legítima propietaria del conjunto monumental. El primero, elaborado por el Gobierno central en 2021, analizó las llamadas «inmatriculaciones» de la Iglesia, un proceso legal que permitió a la institución religiosa registrar a su nombre miles de propiedades en toda España.
Según este informe gubernamental, las inmatriculaciones, incluida la de la Mezquita-Catedral, se realizaron «conforme a la legalidad vigente» y tienen «plena validez jurídica».
El segundo documento es un informe de 2016 elaborado por Mercedes Mayo, entonces jefa de la asesoría jurídica municipal. Este análisis concluyó que «la Mezquita-Catedral no es un bien de dominio público» y que «no puede serlo conforme a la normativa vigente», por lo que no puede incluirse en el inventario de bienes municipales.
Reconocimiento de la UNESCO tras el incendio
La moción aprobada también incluye un «sincero agradecimiento» a la UNESCO y a su directora general, Audrey Azoulay, por la carta enviada el 14 de agosto. En esta comunicación, el organismo internacional felicitó tanto al Ayuntamiento como al Cabildo Catedralicio por su «rápida y eficaz actuación» tras el incendio.
La UNESCO destacó especialmente «la coordinación de los dispositivos de emergencia y la ejemplar aplicación de protocolos de prevención», subrayando el «valor universal excepcional del monumento» declarado Patrimonio Mundial.
Nuevas medidas de coordinación y seguridad
Como resultado del debate, se ha acordado crear un nuevo órgano de coordinación que se incluirá en el Plan de Gestión del Casco Histórico, cuya aprobación está prevista para este mes. Este organismo contará con representantes de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento y el Cabildo Catedralicio.
Además, se han establecido varias medidas para reforzar la seguridad del monumento. Entre ellas destaca el compromiso de trasladar fuera del edificio todos aquellos elementos que no sean estrictamente necesarios, tal como ya contemplaban el Plan Director y el Plan de Autoprotección.
También se ha decidido mantener y reforzar la revisión periódica de los sistemas antiincendios, que habían sido renovados 18 meses antes del siniestro, y potenciar la formación continua de los bomberos mediante simulacros regulares.
Otros acuerdos del Pleno
En la sesión plenaria también se aprobaron otros asuntos relevantes. Los cuatro grupos políticos respaldaron una moción conjunta para solicitar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) el diseño de un proyecto que ponga en valor la explanada de la estación de trenes, dotándola de zonas verdes.
Asimismo, se acordó pedir al Gobierno central que incluya al municipio de Villanueva del Rey en la declaración de zona catastrófica, a pesar de no cumplir los requisitos técnicos necesarios.
En el apartado de reconocimientos, se otorgó la distinción de «cuidador honorario» a Rafael Estévez Recio, quien durante 50 años se ha encargado del mantenimiento del patio de la calle Trueque número 4, uno de los más visitados durante la Fiesta de los Patios Cordobeses.
Finalmente, se aprobaron las medallas y distinciones honoríficas para 2025, que recaerán en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, el obispo Juan José Aguirre, el grupo de rock Medina Azahara y la atleta Carmen Avilés.
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