La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba sellaron ayer martes un acuerdo para poner orden en el creciente fenómeno de las viviendas de uso turístico (VUT). El convenio, firmado por el consejero de Turismo, Arturo Bernal, y el alcalde, José María Bellido, establece un marco de colaboración para reforzar el control sobre estos alojamientos, mejorar el intercambio de información y asegurar que cumplan con la normativa urbanística de la ciudad.
El objetivo principal es que la administración autonómica y la local trabajen de la mano para atajar los posibles incumplimientos. Con este pacto, se busca agilizar la detección de pisos turísticos ilegales y garantizar que la oferta se adecúe al modelo de ciudad que defiende el consistorio. Córdoba se convierte así en la sexta capital andaluza en sumarse a esta iniciativa, siguiendo los pasos de ciudades como Sevilla, Málaga o Granada.
Para el consejero Arturo Bernal, esta colaboración es fundamental tras la aprobación del nuevo decreto que regula el sector. Según explicó, la Junta pone a disposición de los ayuntamientos herramientas más potentes para la inspección. Una de las más destacadas es «Titán», un sistema pionero que rastrea y analiza la oferta de alojamientos para garantizar que se cumpla la ley. Además, el plan de inspección de 2025 priorizará la lucha contra la clandestinidad mediante técnicas como el web scraping, que consiste en un barrido automatizado de datos en plataformas digitales para localizar anuncios irregulares.
Estas medidas ya están dando resultados. Bernal informó de que desde febrero de este año se han cancelado 695 licencias de VUT en la provincia, de las cuales 583 se encontraban en la capital. «Este dato evidencia nuestro compromiso con la calidad del destino», afirmó el consejero, quien también mantiene reuniones con gigantes del sector como Airbnb y Booking.com para consolidar una oferta legal y reglada.
Por su parte, el alcalde José María Bellido agradeció «la valentía» de la Junta para afrontar un fenómeno que preocupa a los vecinos. «Este acuerdo nos da la seguridad jurídica y las herramientas necesarias para equilibrar el turismo con la calidad de vida en nuestros barrios», señaló. Bellido insistió en que el turismo es una fuente de riqueza para Córdoba, pero debe gestionarse de forma coordinada para que no afecte a la convivencia ni genere una competencia desleal con los propietarios que sí cumplen la normativa.
El Ayuntamiento ya ha tomado cartas en el asunto. Un estudio realizado este año por la empresa municipal Vimcorsa reveló que, aunque las más de 2.000 VUT suponen un porcentaje pequeño sobre el parque total de 150.000 viviendas de la ciudad, su impacto es muy significativo en barrios concretos, especialmente en el centro. Esto motivó la decisión de establecer una moratoria: en las zonas más tensionadas, los pisos turísticos no podrán superar el 5% del total de viviendas.
De cara al futuro, el alcalde avanzó que en 2026 se realizará un nuevo estudio para evaluar la eficacia de esta medida. El análisis servirá para comprobar si la presión turística se ha desplazado a otros barrios y, en ese caso, estudiar la posibilidad de ampliar la prohibición de nuevas licencias. Al mismo tiempo, se valorará si en otras zonas de la ciudad «puede haber un crecimiento sano» de esta modalidad de alojamiento.
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