La lucha contra la ocupación ilegal de viviendas suma un nuevo capítulo en Sevilla. El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, acompañado por la portavoz municipal de VOX, Cristina Peláez, ha inaugurado en la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa) la nueva Oficina de Asesoramiento en Materia de Vivienda y Ocupación. Se trata de un servicio pionero en la capital hispalense que busca prestar apoyo jurídico y administrativo a los ciudadanos que se vean afectados por la ocupación ilegal de sus propiedades.
Durante la inauguración, el alcalde ha explicado que esta oficina nace del acuerdo presupuestario alcanzado con VOX hace menos de un año y que refleja un punto de coincidencia total entre ambas formaciones en lo referente a la problemática de la ocupación.
“La ocupación no es ni de izquierda ni de derecha. La ocupación es ilegal”
El regidor popular ha insistido en que su gobierno mantiene un “compromiso firme” con este asunto, y ha agradecido expresamente a VOX la propuesta, que ahora se materializa con la apertura de esta nueva oficina pública.
Por su parte, la portavoz de VOX en el consistorio, Cristina Peláez, ha celebrado la puesta en marcha de una iniciativa que, ha recordado, forma parte del programa de su partido desde sus inicios.
Peláez ha aprovechado su intervención para criticar con dureza al anterior gobierno socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, asegurando que “se puso de lado del delincuente” en materia de ocupación, y ha señalado que “tenemos unas leyes que son profundamente injustas”.
“Ahora mismo, si se da una patada a la puerta de una casa, el que la ocupa puede llegar a tener más derechos que el propietario. Eso es algo que no puede seguir ocurriendo”, ha asegurado.
Repercusiones sobre el acceso a la vivienda
Peláez también ha querido subrayar que la ocupación no solo perjudica a los propietarios, sino que tiene efectos directos sobre el mercado del alquiler y la compra de vivienda. Según la portavoz, el miedo a sufrir ocupaciones ilegales está provocando que muchos propietarios retiren sus inmuebles del mercado, reduciendo la oferta y contribuyendo a encarecer los precios de la vivienda.
La nueva oficina no tendrá capacidad ejecutiva para desalojar ocupaciones, pero sí ofrecerá información legal, orientación y acompañamiento a las personas afectadas. Asimismo, se plantea como un espacio para canalizar denuncias y detectar focos de ocupación con el objetivo de trasladar la información a los cuerpos y fuerzas de seguridad.
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