La deuda contraída por el Ayuntamiento de Sevilla con la Junta de Andalucía por la explotación de la línea 1 del Metro va a terminar en los tribunales. Así lo ha decidido el consistorio hispalense ante la reclamación de más de 150 millones de euros por parte de la administración autonómica.
Los requerimientos presentados por el gobierno andaluz son sobre los pagos pendientes de la Línea 1 del Metro, que corresponden al 25% del déficit tarifario del servicio, según el convenio firmado por la Junta con los ayuntamientos de Sevilla, Mairena del Aljarafe, San Juan de Aznalfarache y Dos Hermanas para cofinanciar los gastos generados por la construcción de la línea. Con ello se pretendía sufragar, entre todas las administraciones implicadas, la diferencia entre el coste real de los viajes y el precio que el viajero abona.
Nadie ha pagado
Desde que se firmó el convenio, ningún alcalde ha abonado el pago correspondiente. La Junta, a través de la Consejería de Fomento, ha venido reclamando el abono. El pasado 16 de septiembre fue la última comunicación pidiendo 16,5 millones de euros por los gastos de explotación del año 2024. A ello hay que sumar los más de 133 millones que ya habían sido exigidos con anterioridad al ayuntamiento hispalense.
En 2014, siendo alcalde Juan Ignacio Zoido, presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la declaración de 2012. El alto tribunal andaluz admitió el recurso al considerar que la resolución impugnada había sido dictada por órgano incompetente, por lo que decidió la anulación del acto administrativo.
Aún así, la Junta considera que el TSJA solo apreció un defecto de forma subsanable en el momento de reclamar la deuda.
Informe del secretario
El Ayuntamiento de Sevilla se ha basado en el contenido de un informe redactado por el secretario general en el que se esgrimen las motivaciones que fundamentan el recurso. Los argumentos esgrimidos se basan en: vulneración de los principios de igualdad, cooperación y lealtad institucional que deberían haber regido la relación convencional entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento, como puso de manifiesto el TSJ de Andalucía; diferencias de criterios a la hora de calcular las posibles cantidades debidas; la exigencia de aplicar la Ley 27/2013, que determinó que el convenio quedara sin efecto, que tampoco ha obtenido respuesta.
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