El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el cese oficial de José Ángel González Jiménez como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional. La orden, firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lleva fecha del 18 de febrero de 2026 y pone fin de forma administrativa a la situación del que era el máximo responsable operativo del cuerpo policial en España.
Todo el proceso, desde que se conoció la querella hasta la publicación en el BOE, se ha completado en apenas dos días, una velocidad inusual en la tramitación administrativa que algunos han interpretado como una respuesta directa a las presiones políticas y mediáticas sobre el ministro.
José Ángel González Jiménez pierde de forma oficial su cargo como Director Adjunto Operativo en un proceso acelerado que el ministro Marlaska impulsó tras las críticas por su tardanza en actuar
El proceso se inició el pasado martes cuando el propio González Jiménez comunicó al ministerio su decisión de renunciar al cargo. Interior informó entonces de que esa renuncia «se haría efectiva en las próximas horas». La publicación en el BOE de este jueves a media mañana es el paso que la convierte en oficial a todos los efectos legales.
Las críticas a Marlaska, detonante del ritmo exprés
Desde que trascendió la querella, el ministro Marlaska recibió críticas desde distintos sectores políticos y sociales que cuestionaban su capacidad de reacción y exigían una respuesta contundente e inmediata. La oposición y diversas organizaciones feministas señalaron que cualquier demora en apartar al cargo sospechoso resultaría inaceptable, dado que se trataba del máximo jefe operativo de la Policía Nacional. En ese contexto, el ministerio aceleró los trámites de forma notable para consumar el cese en el menor tiempo posible.
La DAO interina contacta con la víctima del exdirector adjunto de la Policía y le ofrece protección
El propio Marlaska compareció ante el Congreso de los Diputados para defender su gestión, afirmando que la decisión de apartar a González Jiménez se tomó en el mismo momento en que tuvieron conocimiento de la querella. El ministro trató así de desactivar las acusaciones de pasividad, aunque sus críticos señalaron que la renuncia inicial del DAO no fue suficiente sin una formalización oficial inmediata.
El cese se produce en el marco de una querella interpuesta por una agente subordinada, que acusa a González Jiménez de un presunto delito de agresión sexual. La orden se ampara en los artículos 47.6 y 48.1 de la Ley Orgánica 9/2015, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, y se tramitó a propuesta del Director General de la Policía con el informe favorable de la Secretaria de Estado de Seguridad.
Pérdida de privilegios del cargo
La oficialización del cese implica consecuencias materiales inmediatas. Según fuentes del Ministerio del Interior, González Jiménez pierde el derecho al uso del vehículo oficial y de la vivienda vinculada al cargo. Los cambios también han comenzado a reflejarse en las páginas web institucionales de la Policía Nacional.
La subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, Gemma Barroso, asume de forma interina la Dirección Adjunta Operativa mientras se resuelve la situación. Uno de sus primeros gestos al frente del cargo ha sido contactar directamente con la denunciante para ofrecerle protección policial, una medida que la víctima ha aceptado según confirmó el propio ministerio.
Gemma Barroso asume interinamente el DAO y ya ha contactado con la víctima para ofrecerle protección policial, que esta ha aceptado según confirma el Ministerio del Interior
La filtración de la identidad, en el punto de mira
Sin embargo, el abogado de la denunciante ha puesto el foco en un hecho que considera igualmente grave: la identidad de su clienta habría sido filtrada en chats internos policiales y grupos de WhatsApp. Aunque agradeció la «empatía» mostrada por Barroso al contactar con la víctima, reclamó responsabilidades por esa difusión no autorizada de datos personales que, a su juicio, puede haber comprometido la seguridad e intimidad de la denunciante.
El caso sitúa bajo el foco a la cúpula operativa de la Policía Nacional en un momento especialmente delicado, con un proceso judicial en marcha y un ministerio que ha tenido que demostrar, a contrarreloj, que actúa con diligencia ante las denuncias internas por agresión sexual.
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