El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho públicos este sábado dos decretos ley aprobados por el Gobierno con el objetivo de hacer frente a las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Irán. Este paquete de hasta 80 medidas, que entrará en vigor este domingo, movilizará aproximadamente 5.000 millones de euros, según cálculos del Ejecutivo.
El plan se articula en dos normas diferenciadas. Por un lado, un real decreto ley con medidas económicas de carácter general, centradas principalmente en la reducción de costes energéticos y el apoyo a los sectores más afectados. Por otro, un segundo decreto que establece la congelación de los alquileres durante un periodo máximo de dos años, una iniciativa impulsada por Sumar.
Aunque ya han sido publicadas oficialmente, ambas medidas deberán ser convalidadas por el Congreso de los Diputados. La votación está prevista para el próximo jueves 26 de marzo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la aprobación del paquete tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario. Durante su intervención, calificó la iniciativa como un «plan integral de respuesta a la crisis» provocada por la situación en Oriente Próximo. Además, subrayó que «situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias».
El presidente también destacó la incertidumbre sobre la evolución del conflicto: «Nadie sabe cómo va a evolucionar esta situación, esta crisis. El conflicto no sabemos si va a durar días o va a durar meses o años. Pero sus efectos podrían contenerse o transformarse en una grave crisis en función de cuáles son sus efectos».
Reducción del IVA en combustible, electricidad y gas
Entre las principales medidas económicas incluidas en el primer decreto se encuentra la reducción del IVA del 21% al 10% en productos energéticos como carburantes, electricidad y gas natural, así como en briquetas y ‘pellets’. Asimismo, se establece la congelación del precio máximo del butano y el propano.
El texto también contempla incentivos para la industria, como la recuperación de una bonificación del 80% en los peajes eléctricos para la gran industria. A esto se suma la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que actualmente es del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) al 0,5%, el mínimo permitido por la normativa europea.
Ayudas para colectivos y sectores más afectados
El decreto incluye medidas específicas para proteger a los grupos más vulnerables y a sectores estratégicos:
- Bono social eléctrico: se mejora el descuento hasta el 42,5 % para colectivos vulnerables y 57,5 % para vulnerables severos, vigente hasta fin de año.
- Bono social térmico: se incrementa la ayuda mínima a 50 euros.
- Garantía de suministro de agua y energía.
- Ayudas directas: 20 céntimos por litro de gasóleo profesional para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, y ayuda equivalente para la compra de fertilizantes.
- CNMC: se dota a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de nuevas capacidades para supervisar y sancionar abusos en el uso de ayudas.
- Sector agroalimentario y pesquero: ampliación en 300 millones de euros de la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA, facilitando el acceso a financiación.
Además, se prohíbe a las empresas realizar despidos objetivos basados en causas económicas relacionadas con el conflicto. El decreto también introduce un mayor control sobre los márgenes de beneficio de las empresas suministradoras de combustible.
Medidas en el mercado del alquiler
En cuanto al segundo decreto, se centra en el mercado del alquiler. Establece la congelación de los precios del alquiler y la prórroga automática y extraordinaria de los contratos que finalicen en 2026 o 2027, pudiendo extenderse hasta un máximo de dos años. Según estimaciones de Sumar, esta medida podría afectar a más de un millón de contratos y beneficiar a aproximadamente 2,7 millones de personas.
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