Un calvario. Así describe Aída Marañón los más de nueve meses que su familia lleva viviendo desde que su hermano, el cordobés Javier Marañón, fue encarcelado en Black Beach, una de las prisiones más temidas de Guinea Ecuatorial y de toda África. Javier y el granadino David Rodríguez, ambos trabajadores de una empresa española de telecomunicaciones, siguen recluidos sin cargos ni juicio y, según denuncian sus familias, sobreviven «en condiciones infrahumanas».
En declaraciones a ‘Llegó la hora’, el programa de 101TV, Aída Marañón reconstruye los hechos: «Todo empieza el 22 de enero, cuando los directivos de la empresa española para la que trabajaban —dedicada a telecomunicaciones y al proyecto de implantación de la televisión digital terrestre en Guinea— son convocados por el Gobierno guineano para una reunión. Pero no se presentan. En su lugar, acuden mi hermano y su compañero, que eran simples trabajadores: un administrativo y un técnico de vídeo», explica.
Este miércoles, el Parlamento Europeo ha debatido la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, con especial atención al caso de los dos españoles. Las familias confían en que Europa sirva de altavoz ante lo que consideran «una detención arbitraria y sin garantías legales».
Cuatro meses incomunicados
Aquella reunión fue el principio de una pesadilla. «En el encuentro les pidieron explicaciones sobre temas económicos y de gestión que ellos no podían dar porque no tenían ningún cargo ni responsabilidad», relata Aída. Pasaron casi tres meses detenidos en una gendarmería y, lejos de ser liberados, los trasladaron a la prisión de Black Beach. Y ahí empezó el calvario», relata.
Durante los primeros meses, los andaluces pudieron recibir visitas. De hecho, la esposa de uno de ellos intentaba llevar comida y medicinas. Pero la situación cambió pronto: «De repente dejaron de permitir visitas, ni familiares ni de la embajada. Están incomunicados desde hace cuatro meses. No sabemos cómo están. Solo sabemos que siguen vivos», lamenta Aída.
Su hermano ha perdido más de 20 kilos y ha protagonizado tres huelgas de hambre. «Lo ingresaron en la enfermería y le pusieron suero, porque estaba muy débil», cuenta con la voz entrecortada. Ahora, ningún familiar sabe nada de ellos, ni de su estado de salud. Aída no cree que haya podido recuperar los 20 kilos. Según señala Marañón, no existe una acusación formal ni un cargo judicial por escrito. «Ni siquiera están contratados por la empresa que está siendo investigada. No hay caso, no hay pruebas, no hay nada», denuncia.
«Necesitamos que el Gobierno español actúe ya»
Aída reconoce que han recibido apoyo de la Embajada de España en Malabo, que les ayudó a buscar abogados y trató de mejorar las condiciones de los presos. Pero los límites son evidentes. «Han intentado conseguir arresto domiciliario o la visita de médicos, pero si no dejan entrar ni a la embajada ni a las familias, no hay forma de saber su estado», afirma.
La desesperación ha llevado a las familias a agotar todas las vías: Ministerio de Asuntos Exteriores, Junta de Andalucía, Defensor del Pueblo, Casa Real, ONG e incluso Naciones Unidas. También han trasladado el caso a eurodiputados de distintos grupos, que han impulsado el debate urgente en Estrasburgo.
«Necesitamos que el Gobierno español actúe, pero que actúe ya», suplica Aída. «Que utilice sus armas diplomáticas y hable directamente con el Gobierno guineano. Ya no tenemos más recursos».
Un caso que clama justicia
El edificio donde se produjo la detención albergaba la sede de Wayang Technical, una empresa española que trabajaba en Guinea desde hacía años. Ninguno de los dos trabajadores detenidos tenía cargos de responsabilidad. Sin embargo, fueron ellos quienes acabaron pagando las consecuencias de un conflicto empresarial.
Mientras tanto, la prisión ‘Black Beach’, tristemente célebre por sus condiciones— sigue siendo el escenario de una historia que mezcla impotencia, burocracia y abandono. Mientras tanto, este jueves, el Parlamento Europeo votará una resolución urgente sobre derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Las familias solo piden una cosa: que se actúe ya para que no tengan «que recibir el pésame dentro de unos días, porque aún están a tiempo de salvarles la vida».
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