La Mesa del Congreso ha acordado este miércoles por unanimidad suspender de sus derechos parlamentarios al exministro José Luis Ábalos, una vez confirmado el auto de procesamiento, con lo que ya no podrá percibir retribuciones ni participar en votaciones hasta que se resuelva su situación.
Se trata del artículo 21 del Reglamento, que señala que «los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta».
Tras la decisión del juez Leopoldo Puente de meter en prisión a Ábalos, la Presidencia del Congreso remitió un oficio al Supremo para que certificase ese ingreso penitenciario, con el fin de poner en marcha la suspensión del diputado. En su respuesta, el Alto Tribunal confirmó que se había decretado «la prisión provisional comunicada y sin fianza» para Ábalos, pero también subrayó que el auto de procesamiento no era firme al estar recurrido en apelación por su defensa, cuya deliberación se programó para el pasado día 4.
Este miércoles la Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha avalado la decisión del magistrado instructor de procesar a Ábalos junto con su exasesor ministerial Koldo García por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia.
El juez envía a juicio a Ábalos y Koldo
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado este jueves la apertura de juicio oral para el exministro José Luis Ábalos, el exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó Transportes durante la pandemia, al tiempo que ha acordado mantener en prisión a los dos primeros.
El instructor del ‘caso Koldo’ ha adoptado esta decisión después de que esta misma semana la Sala de Apelación rechazara los recursos de ambos acusados a su decisión de procesarles por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación.
La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para de Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan los misma pena que el Ministerio Público.
De cara al juicio, tanto la Fiscalía como las acusaciones populares pidieron al magistrado que acordara el ingreso en prisión provisional de Ábalos y Koldo ante el riesgo de fuga que apreciaban por las altas penas reclamadas. El instructor les dio la razón y envió a los dos a la cárcel de Soto del Real (Madrid) el pasado 28 de noviembre.