La comisión académica del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), celebrada este lunes por la tarde y presidida por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y de la que forman parte todos los rectores de las universidades públicas andaluzas, ha emitido informe favorable por unanimidad del anteproyecto de la Ley de Universidades para Andalucía (LUPA), que incluirá algunas de modificaciones propuestas por los rectores andaluces para reforzar la autonomía universitaria. Este texto normativo tiene como principales objetivos proteger el sistema público universitario, incrementar los derechos del estudiantado, dotar de las herramientas necesarias para que las universidades puedan alcanzar la excelencia, potenciar la internacionalización o estabilizar la carrera académica. Además, pretende favorecer la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa, mejorar la gobernanza e impulsar una mayor transparencia de las instituciones académicas.

Tras el respaldo unánime al texto legal por parte de los rectores de las universidades públicas andaluzas en el seno del CAU, el anteproyecto de la LUPA proseguirá con su tramitación y solicitará ahora los informes jurídicos y los preceptivos del Consejo Económico y Social o del Consejo Consultivo para su visto bueno como proyecto de ley y su traslado posterior al Parlamento andaluz, donde será sometido a debate para su aprobación. El documento, que una vez aprobado sustituirá al actual marco legal que data de 2013, ha sido acordado con los rectores, la comunidad educativa y los agentes económicos y sociales.

Así, el texto del anteproyecto aprobado este lunes no será el definitivo, ya que tendrá que ir incorporando los cambios derivados de los distintos informes preceptivos que tienen que emitirse en los próximos meses, y sobre los que la Consejería se ha comprometido a informar oportunamente a los rectores de las universidades públicas de Andalucía en los encuentros que se seguirán manteniendo en el marco de esta negociación. Además, el pasado 18 de octubre se cerró el periodo de exposición pública, unas alegaciones al antrepoyecto de la LUPA que están en fase de análisis para incorporar aquellas que mejoren el texto.

Encuentro con los rectores para debatir la LUPA

Igualmente, tras la autorización dada el pasado 24 de septiembre por el Consejo de Gobierno para iniciar su tramitación, Gómez Villamandos ha mantenido diversas reuniones para continuar avanzando en el diseño de la futura norma. Así, ya ha tenido encuentros con los rectores de las universidades públicas, con los agentes económicos y sociales y con el Consejo Andaluz de Estudiantes (CAE).

El anteproyecto de la LUPA, cuya entrada en vigor está prevista para 2025, recoge entre sus novedades la disposición de un modelo de financiación común para el conjunto de las universidades públicas, revisable cada cinco años, que tendrá que contar con una estructura ya definida en tres grandes bloques: la básica armonizada, la afecta a resultados y la de nivelación. Además, reconoce por primera vez que los alumnos tendrán derecho por ley a un sistema de bonificación de los premios de la matrícula universitaria, toda vez que garantizará la movilidad internacional de los universitarios y determina la obligación de disponer del B2 en la acreditación de un idioma extranjero, tanto para la obtención de un título oficial como para el acceso del profesorado a las categorías de personal ayudante doctor y contratado doctor.

Asimismo, y para favorecer la retención del talento y dar estabilidad a la carrera académica del profesorado, el anteproyecto introduce una serie de medidas, entre las que destacan, la posibilidad de que el personal docente e investigador colabore con otros agentes del sistema del conocimiento, mejorando así la competitividad de las universidades andaluzas; o se adscriba a cualquier otra Administración durante seis meses para adquirir nuevos conocimientos o reciclarlos. También aboga por limitar los contratos de profesores sustitutos y por transformar esos cuerpos en figuras estructurales, con el fin de eliminar la precarización laboral de la plantilla universitaria.

Otro de los aspectos en los que profundiza el anteproyecto es el impulso a la formación continua, con el reconocimiento de títulos propios de las universidades y microcredenciales, con los que los estudiantes podrán mejorar sus competencias de manera flexible y más ajustada al mercado laboral.

De igual modo, y entre otros aspectos, la futura ley incrementará los requisitos para la creación, desarrollo y funcionamiento de las instituciones académicas privadas en Andalucía con el objetivo de reforzar la calidad y excelencia del sistema universitario de la comunidad y de asegurar la prestación de este servicio público. Entre las exigencias, se requerirá que los promotores y gestores de las iniciativas dispongan de una trayectoria contrastada en el servicio público de educación superior.