El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar este martes, 16 de diciembre, el proyecto de decreto que desarrolla la Ley 3/2021, de 26 de julio, de reconocimiento de la autoridad del profesorado. La reunión del Ejecutivo autonómico se adelanta de forma excepcional para no coincidir con el Pleno del Parlamento andaluz.
Según el orden del día, este decreto culmina un proceso iniciado en diciembre de 2024, cuando la Junta sometió el texto al trámite de información pública. Su objetivo principal es reconocer y reforzar la autoridad pública del personal docente de la comunidad autónoma andaluza, así como fomentar su consideración y respeto dentro del ámbito educativo.
Refuerzo del respaldo institucional y legal
El proyecto de decreto parte de la premisa de que contar con un profesorado con prestigio social, reconocimiento institucional y respaldo legal es una condición esencial para avanzar hacia un sistema educativo equitativo y de calidad. La norma subraya la necesidad de garantizar un clima de respeto que permita el correcto ejercicio de la función docente, fomente el mérito y el esfuerzo personal y eduque en valores democráticos y de convivencia.
Desde el Gobierno andaluz defienden que se trata de una norma necesaria para implantar medidas que refuercen la valoración social del profesorado y su autoridad, permitiendo que los docentes desarrollen su labor con las máximas garantías previstas en la ley.
Derechos y protección al profesorado
El decreto contempla que, en el ejercicio de sus funciones, el profesorado tenga reconocido el derecho al respeto, reconocimiento y apoyo a su autoridad por parte del alumnado, sus representantes legales y el resto de la comunidad educativa. Asimismo, se les habilita para adoptar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces, conforme a las normas de convivencia del centro, con el fin de mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje tanto en el aula como en actividades complementarias y extraescolares.
Entre los derechos recogidos figura también la colaboración de las familias en el cumplimiento de las normas de convivencia, así como la protección jurídica y el apoyo psicológico gratuitos para el personal docente en el desempeño de su labor.
Asistencia psicológica y apoyo administrativo
El texto establece que la Administración educativa proporcionará asistencia psicológica al profesorado de centros sostenidos con fondos públicos, como medida para afrontar las consecuencias de agresiones o situaciones de conflicto que puedan menoscabar su autoridad. Este apoyo tiene como finalidad reducir el impacto de estos episodios en la salud y el rendimiento laboral del docente.
La asistencia psicológica se articulará a través de la Unidad de Apoyo al Profesorado existente en cada Delegación Territorial con competencias en materia de educación. Con este decreto, la Junta pretende dotar al sistema educativo andaluz de un marco normativo estable y claro que garantice la protección y el reconocimiento del profesorado en el ejercicio de sus funciones.
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