El Gobierno ha escogido a Teresa Peramato (Salamanca, 63 años), una fiscal de larga trayectoria vinculada a la lucha contra la violencia de género, para sustituir a Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado. La decisión llega tras la condena del Tribunal Supremo, que inhabilitó a García Ortiz durante dos años por un delito de revelación de secretos relacionado con el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
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Más de tres décadas de trayectoria
Peramato suma 35 años de carrera fiscal y actualmente ocupa el cargo de fiscal de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. También es fiscal de sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.
Fue además presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, un perfil que encaja con la intención del Ejecutivo de situar a una figura claramente progresista al frente del ministerio público. La Moncloa asegura que su propuesta cuenta con el “reconocimiento unánime de los operadores jurídicos”.
Su trayectoria está marcada por su dedicación a la lucha contra la violencia machista. En 2005 asumió la delegación de la Sección de Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid y participó en el Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del primer informe anual en 2007. Entre 2021 y 2025 ejerció como fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer. La propuesta para su nombramiento coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Relevo en la Fiscalía General
Peramato será la cuarta persona en ocupar el cargo durante los gobiernos de Pedro Sánchez. Desde 2018 han ejercido como fiscales generales María José Segarra, Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz.
Mientras no se publique en el BOE el cese de García Ortiz, este continuará en funciones. Su renuncia este lunes permitió activar el proceso de designación. De forma transitoria, Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo, asumirá la jefatura en funciones hasta que Peramato sea nombrada oficialmente, un trámite que llevará varias semanas.
El nombramiento
El artículo 124.4 de la Constitución establece que el fiscal general del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, con un informe previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque este informe no es vinculante, supone un paso esencial antes de que el Ejecutivo remita su propuesta al Congreso, donde el candidato deberá comparecer ante la Comisión de Justicia.
En 2023, el CGPJ no avaló por primera vez una propuesta de fiscal general, la de Álvaro García Ortiz. El Gobierno confía en que dicha situación no se repita. El proceso se completará cuando la candidata tome posesión del cargo ante el pleno del Tribunal Supremo.
Reacciones de la oposición
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, señaló este lunes los requisitos que, a su juicio, debe cumplir la persona propuesta por el Ejecutivo: ser un «jurista con 20 años de experiencia» contar con el aval vinculante del CGPJ en su informe de idoneidad y no haber desempeñado cargos políticos en los cinco años previos.
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