El Gobierno de España ha confirmado que no existen motivos legales para cuestionar la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba, inscrita a nombre del Cabildo Catedralicio desde 2006. Así lo ha señalado en una respuesta parlamentaria al diputado de Sumar por Córdoba y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, quien había solicitado explicaciones tras el incendio ocurrido en el monumento el pasado 8 de agosto.
En su escrito, Santiago planteaba varias cuestiones relacionadas con la gestión del templo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Entre ellas, preguntó qué medidas piensa adoptar el Ejecutivo para evitar que el Cabildo utilice el edificio como almacén de productos de limpieza, práctica que, según las investigaciones, estaría vinculada al origen del fuego.
El diputado también quiso saber qué mecanismos existen para que el Cabildo asuma los costes de la rehabilitación de las zonas dañadas y si el Gobierno garantizará que las obras respeten los elementos originales del monumento, sin alterar su estructura ni su decoración histórica.
Además, Santiago planteó la posibilidad de que el Ejecutivo impulse un reconocimiento jurídico de la titularidad pública de la Mezquita-Catedral. En esa línea, propuso la creación de un sistema de gestión transparente y la redacción de un Código de Buenas Prácticas, en el marco del Plan Director en tramitación, con la participación de administraciones, expertos, colectivos ciudadanos y la propia Unesco.
El Gobierno ha respondido únicamente a esta última cuestión, subrayando que no existen antecedentes que permitan cuestionar la actual inscripción registral del inmueble a favor del Cabildo. La institución eclesiástica inscribió el monumento en el Registro de la Propiedad en 2006 bajo la denominación de Santa Iglesia Catedral de Córdoba.
El Ejecutivo recuerda que en 2014 la Abogacía del Estado en Córdoba ya analizó una denuncia presentada por un particular que alegaba usurpación del inmueble por parte del Obispado. El informe concluyó entonces que no había indicios de que la Mezquita-Catedral pudiera ser de titularidad estatal.
El PSOE exige una gestión compartida para la Mezquita-Catedral de Córdoba
Esa conclusión fue ratificada en varias ocasiones posteriores, tras nuevas denuncias presentadas en 2014 y 2017. En todos los casos, los informes jurídicos determinaron que no existían elementos que justificaran modificar el criterio inicial, confirmando así la titularidad eclesiástica del monumento.
Con esta respuesta, el Gobierno cierra la puerta a un posible cambio en la propiedad legal de la Mezquita-Catedral, aunque deja sin contestar por ahora las preguntas sobre la gestión del monumento y la rehabilitación de las zonas afectadas por el incendio.
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