El juez del ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, aludía al «proyecto de construcción de tirantes del Puente del Centenario (Sevilla)» en el auto en el que ordenó el registro de la vivienda del que fuera director general de Carreteras Javier Herrero, para destacar «el interés mostrado por Koldo (García), y especialmente por (Santos) Cerdán, para que se cerrase la tramitación de dicho expediente», que se acabó adjudicando a Acciona por 71,4 millones de euros.
En dicho registro, llevado a cabo el 26 de junio, la UCO de la Guardia Civil encontró 4.750 euros en efectivo en la vivienda de Javier Herrero, al que se le investiga por su presunta implicación en la trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública en el marco del conocido como ‘caso Koldo’.
Notoria insistencia
El juez Moreno alude al «proyecto de construcción de tirantes del Puente del Centenario (Sevilla)» para destacar «el interés mostrado por Koldo, y especialmente por Cerdán, para que se cerrase la tramitación de dicho expediente», que se acabó adjudicando a Acciona por 71,4 millones de euros.
«Dicho interés habría derivado en una notoria insistencia por parte de Herrero, la cual habría provocado desavenencias con el entonces secretario de Estado, Pedro Saura, quien habría tratado de destituirle», recuerda. «A Javier se le ha visto desde lejos», decía García a Cerdán en abril de 2019.
El instructor alude igualmente a las presunta incidencia de Koldo en Herrero para «favorecer a la constructora OPR» con «la presunta adjudicación fraudulenta» del proyecto de adaptación parcial de la segunda calzada de la Autovía A-63 en el tramo Salas-La Espina (Asturias); y para la aprobación de un modificado relativo a las obras en la autovía A-32 (Linares-Albacete) y en la carretera N-322 (Córdoba-Valencia) en su tramo Úbeda-Torreperogil.
En lo concerniente a LIC, apunta a «la aprobación de un modificado de una obra previamente adjudicada» a esta constructora; a otra adjudicación a la UTE formada por Marco y LIC para obras de conservación en las carreteras del Sector TE-02, en la provincia de Teruel, por 5,7 millones de euros; y a la adjudicación de una obra en la Autovía A-12 del Camino de Santiago en el tramo Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)-Villamayor del Río (Burgos).
27 billetes de 50 euros
Según el acta del registro, los agentes localizaron «dinero consistente en 27 billetes por valor de 50 euros y 4 billetes de 100 euros, con un valor total de 4.750 euros», que procedieron a ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado Central de Instrucción Número 2.
Además, los investigadores se incautaron de dos teléfonos móviles, un ordenador portátil, una tablet, varios USB, tres libretas y un «conjunto documental» de 28 folios y varios post-it.
Los agentes también volcaron el contenido de una cuenta de ‘email’ de Herrero que estaría vinculada a Aquaterra, una de las empresas que se habría beneficiado de las presuntas adjudicaciones irregulares, y de otra personal.
El juez Ismael Moreno, ordenó el registro apuntando a delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y cohecho al observar indicios de que Herrero «habría participado en la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes».
Herrero habría favorecido «de manera recurrente» a «diferentes constructoras para la obtención presuntamente fraudulenta de contratos de obra pública»
En concreto, en su resolución indica que, «a petición» del entonces asesor ministerial, Koldo García, Herrero habría favorecido «de manera recurrente» a «diferentes constructoras para la obtención presuntamente fraudulenta de contratos de obra pública», mencionando específicamente a Acciona, LIC y OPR.
«A cambio de estas adjudicaciones se ofrecía una contraprestación económica tanto para el entonces ministro, José Luis Ábalos, como para su asesor», reitera el instructor de la Audiencia Nacional (AN).
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