El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado este sábado la puesta en libertad con medidas cautelares de la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente del PSOE Santos Cerdán. Los tres están siendo investigados por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
Según han confirmado fuentes jurídicas, el magistrado ha impuesto a los investigados la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el país y la obligación de comparecer cada quince días ante la autoridad judicial, tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción.
Al no existir, por el momento, acusaciones particulares personadas en la causa, el juez no podía acordar prisión provisional. De este modo, los tres investigados han abandonado la Audiencia Nacional por su propio pie alrededor de las 13.42 horas.
Comparecencia ante el juez
Los detenidos llegaron a la sede judicial en furgón policial sobre las 08.30 horas de este sábado y el magistrado comenzó a tomarles declaración a partir de las 10.00 horas. Durante su comparecencia, Leire Díez se negó a declarar al asegurar que desconocía los motivos de su detención y los hechos concretos que se le atribuyen.
Vicente Fernández, en cambio, sí respondió a las preguntas del juez, la Fiscalía y su defensa. Según fuentes jurídicas, se le investiga por presuntos amaños en adjudicaciones de contratos entre 2021 y 2022, una acusación que negó durante su declaración. También fue interrogado sobre su relación con Servinabar, empresa vinculada, según las pesquisas, a Santos Cerdán y a Antxon Alonso. Este último se acogió a su derecho a no declarar.
Los tres fueron detenidos el pasado miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a raíz de órdenes de detención dictadas por el juez instructor, que mantiene la investigación bajo secreto de sumario.
Causas de la investigación
La causa, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, investiga presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. En el marco de estas diligencias, el juez ordenó registros y requerimientos de información en Madrid, Sevilla y Zaragoza relacionados, según las pesquisas de la UCO, con empresas vinculadas a Servinabar.
Los agentes registraron las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza y solicitaron documentación en organismos como la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa. También se personaron en Correos y en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, que confirmó haber facilitado dos expedientes administrativos «con total colaboración» y que «fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos».
Además de los tres investigados, en la causa figura también el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga, según anunció este viernes el PSPV. Fuentes del caso elevan a más de una docena el número total de personas investigadas.
Otras causas y vínculos investigados
Leire Díez está igualmente investigada en otra causa por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por presuntamente ofrecer favores a cambio de información sobre miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.
El juez Arturo Zamarriego considera que la exconcejal socialista «lidera» una «actuación delictiva, continuada y coordinada» para «recabar información comprometida o irregular» con el fin de «anular o malbaratar» investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».
Díez declaró el pasado 17 de noviembre que mantuvo dos reuniones con Santos Cerdán en calidad de periodista y negó cualquier vínculo con el partido o la oferta de favores. En su declaración, repasó su trayectoria laboral, señalando que trabajó en Enusa entre 2018 y 2021 y posteriormente en Correos como jefa de Relaciones Institucionales, ambas empresas dependientes de la SEPI.
Por su parte, Vicente Fernández, que presidió la SEPI entre 2018 y 2019, aparece en documentación remitida por la Hacienda Foral de Navarra al Tribunal Supremo en el marco del ‘caso Koldo’ donde consta que recibió pagos de Servinabar por distintos importes entre 2021 y 2023.
Antxon Alonso, administrador único de Servinabar, también está siendo investigado por el Tribunal Supremo en una pieza del ‘caso Koldo’ relacionada con presuntos amaños de obra pública. En su declaración ante el alto tribunal negó el pago de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas y desvinculó a Santos Cerdán de la empresa, aunque reconoció pagos al exasesor Koldo García por su intermediación como comisionista de proyectos de construcción privados anteriores a 2017.
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