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El Parlamento reclama una Ley de Autoridad de los sanitarios, un régimen sancionador y un mapa de calor de agresiones

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Popular en la que se insta a la Junta de Andalucía a que apruebe «un proyecto de Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía» para «erradicar las agresiones a los profesionales de los centros sanitarios».

Con esa futura norma, se aspira a establecer «un conjunto de medidas para su protección jurídica y material, así como medidas de apoyo», dentro de las demandas que contempla en esta iniciativa parlamentaria.

La Cámara también ha instado a la Junta a «continuar implementando el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales de sistema sanitario público andaluz», adecuándose «a las previsiones de la futura Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía».

Asimismo, el Parlamento ha pedido un «un régimen sancionador de agresiones» para que recaigan sanciones económicas en los usuarios «proporcionadas al daño causado», así como «un mapa de calor para la identificación de las agresiones a sanitarios por zonas de Andalucía», además de «mejorar la información contenida en las tarjetas identificativas del profesional» para poder encontrar «el equilibrio entre el derecho de los pacientes a conocer el profesional que los atiende y la protección del profesional».

Todos los puntos han salido adelante con los votos de PP y PSOE, que ha visto la inclusión en la iniciativa original de propuestas como «otorgar más protagonismo y capacidad a los profesionales de Atención Primaria en todo el proceso de la enfermedad de las personas», el estudio de los tramos horarios donde se concentran las agresiones en los centros y zonas sanitarias, y disponer de vigilancia de seguridad presencial en todos los centros y consultorios.

En defensa de la iniciativa, el diputado del PP-A Antonio Saldaña
ha expuesto que la evolución de las agresiones registradas «muestra un descenso desde el año 2019, tanto en lo que a agresiones físicas y no físicas se refiere, disminuyendo la tasa de agresiones en casi dos puntos», si bien ha considerado que «este descenso no es suficiente», porque «se vuelven a recoger valores absolutos de agresiones registradas similares a la época de prepandemia».

Ha apostado por «continuar reforzando los instrumentos jurídicos necesarios» para que «los profesionales puedan desempeñar su actividad en un ambiente de máxima confianza, respeto y seguridad».

MEDIDAS DESDE LA JUNTA

En el turno de intervenciones de los grupos, el diputado del PSOE-A José Luis Ruiz Espejo ha remarcado al PP-A que la Junta ya impulsó un plan frente a agresiones a sanitarios, y el Gobierno de Juanma Moreno «podría haber llevado a cabo» las medidas que plantea la PNL «desde el Consejo de Gobierno, y dejar de confundir» con iniciativas así.

Además, ha sostenido que «no tiene sentido» que el Grupo Popular lleve al Parlamento «una iniciativa de impulso a su Gobierno», y lo que deben hacer los ‘populares’ es poner en marcha las medidas que plantean «sin mayor dilación», según ha remarcado antes de sugerir, además, que se impulsen «medidas de refuerzo del sistema sanitario público de Andalucía» para evitar el aumento de agresiones a sanitarios.

En representación de Vox, la parlamentaria Ana María Ruiz ha defendido que «hay que poner» encima de la mesa «todas las medidas posibles para solucionar este problema» de las agresiones a sanitarios «que no se ha solucionado», y ha defendido que su grupo tiene algunas propuestas para «ayudar» a abordar estos episodios, partiendo de la premisa de que la iniciativa del PP-A, aunque han apoyado, «no es lo suficientemente ambiciosa para la protección de los profesionales».

Frente a ello, ha defendido que «hay que aumentar las penas» contra los agresores, así como implantar «mecanismos eficaces de identificación y control de los reincidentes y suficiente personal de seguridad», y en ese sentido ha apelado a «no eliminar la figura de los vigilantes de seguridad, al menos» en los centros de salud «con mayor incidencia de agresiones, en centros ubicados en Zonas de Transformación Social» y en aquellos que cuenten con dispositivos de Urgencias 24 horas.

El diputado de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado ha comenzado agradeciendo al PP-A que haya aceptado las tres enmiendas presentadas por su grupo a esta iniciativa, pero también trasladando su sorpresa por que el Grupo Popular lleve al Parlamento una PNL para pedir al Gobierno que sustenta que «haga un proyecto de ley», una iniciativa que a su grupo le parece «perfecto» que se realice, pero cuya tramitación requeriría un tiempo superior al que necesitan los profesionales sanitarios para disponer de medidas «ya» frente a las agresiones, según ha abundado, a la vez que ha remarcado que la Junta ya impulsó un plan al respecto que «lleva caducado durante nueve meses».

Por último, la presidenta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha reprochado al PP-A que su PNL no incluye «ni un análisis sobre dónde hay más agresiones y por qué», así como «ningún análisis de datos» y ninguna propuesta de medida más allá de recurrir al «populismo punitivo» con su planteamiento de elevar las penas a los agresores, y ha concluido animando al Grupo Popular a «cambiar a la consejera» de Salud, que «se ve inepta para solucionar todos estos problemas», en vez de hacer «PNL fantasmas», según ha zanjado.

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