La concejala socialista del Ayuntamiento de Córdoba Mamen González ha responsabilizado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de «pisotear» el consenso alcanzado sobre la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de la capital. Según la edil, esta decisión cuenta con «la complicidad» del alcalde José María Bellido, ambos del Partido Popular.
La crítica se produce después de que la administración autonómica decidiera ampliar la aplicación de la ZGAT en Córdoba de cuatro a cinco meses, sumándose a los 16 festivos adicionales que el PP ya había incorporado desde su llegada al gobierno andaluz.
¿Qué es una Zona de Gran Afluencia Turística?
La ZGAT es una figura legal que permite a los comercios abrir en domingos y festivos durante determinados periodos del año en zonas con gran afluencia de visitantes. Su objetivo es aprovechar el incremento de turistas para dinamizar la actividad comercial, aunque también genera debate por su impacto en los derechos laborales de los trabajadores.
González considera que la decisión autonómica supone «un auténtico varapalo al pequeño comercio cordobés y a las familias que trabajan en las grandes superficies», que verán «aún más recortados sus derechos de conciliación y descanso».
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Un proceso de 19 meses de trabajo municipal
La polémica surge porque la medida contradice un consenso municipal alcanzado tras 19 meses de trabajo y aprobado por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento. Este acuerdo establecía limitar la ZGAT a solo tres meses (abril, mayo y octubre) más la Semana Santa, frente a los cinco meses que finalmente ha decidido la Junta.
La concejala socialista ha criticado la gestión del proceso por parte del equipo de gobierno municipal. Según González, cuando la Junta notificó a finales de julio «una nueva ZGAT aún peor de lo que teníamos antes», el Ayuntamiento presentó alegaciones «que no tenían mucho sentido, pidiendo papeles a la Junta y solicitando la ampliación del plazo».
Críticas a la estrategia del alcalde
Tras ser ignoradas estas peticiones iniciales, el gobierno municipal tuvo que presentar nuevas alegaciones «deprisa y corriendo», según la versión socialista. González ha acusado directamente a Bellido de jugar «un papel clave en esta maniobra» al presentar las alegaciones «tarde, al límite de los plazos, y con una actitud más de complicidad que de defensa».
La estrategia municipal, según la oposición, ha conseguido «alargar el proceso hasta septiembre, asegurando que la decisión de Moreno Bonilla entre en vigor sin posibilidad de reacción». Por ello, González concluye que «Bellido ha preferido obedecer a su partido en Sevilla que defender a su ciudad».
Comparaciones con otros municipios
La concejala socialista ha denunciado que Córdoba recibe un trato discriminatorio respecto a otras localidades andaluzas. «Que no se nos trate peor a Córdoba de lo que el señor Moreno Bonilla trata al Puerto de Santa María o a El Rincón de la Victoria», ha declarado González.
Según su argumentación, en estos otros municipios «el simple hecho de que un mes supere la media de pernoctaciones no ha sido óbice para incluirlo en su ZGAT», mientras que a Córdoba se le aplican criterios más restrictivos.
Peticiones del PSOE
El PSOE cordobés ha formulado dos exigencias principales. Por un lado, reclama al alcalde Bellido que «deje de esconderse, se haga respetar y deje de ejercer como delegado de Moreno Bonilla en Capitulares». Por otro, conmina al presidente autonómico a que «deje de asfixiar al comercio cordobés y respete el consenso alcanzado en la ciudad».
Los socialistas insisten en que se atienda a las alegaciones presentadas para mantener «una ZGAT de tres meses y solo en el distrito centro», tal como se había acordado en el Pleno municipal por unanimidad.
El dilema entre turismo y derechos laborales
Este conflicto refleja la tensión existente entre el impulso al sector turístico y la protección de los derechos laborales de los trabajadores del comercio. Mientras el sector empresarial suele defender estas medidas como necesarias para aprovechar los flujos turísticos, los sindicatos y parte del pequeño comercio las ven como una precarización de las condiciones de trabajo.
La controversia también evidencia las fricciones políticas entre el gobierno autonómico y los municipios, especialmente cuando las decisiones de la administración superior chocan con los consensos alcanzados a nivel local, incluso dentro del mismo partido político.