El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, pidió este viernes la dimisión del alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), tras el auto judicial que mantiene abierta una causa por presunto delito de malversación. Según denuncia el PSOE, el regidor contrató a una “amiga íntima” que no acudió a su puesto de trabajo y, sin embargo, recibió una remuneración de 5.000 euros.
En una rueda de prensa celebrada en Estepona, Bernal reclama al presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, que aplique “la ejemplaridad que tanto exige a los demás” y expulse al alcalde de su formación. “García Urbano va camino del banquillo y Moreno debe decidir si quiere seguir apoyándolo o actuar con coherencia”, afirma el socialista.
Por su parte, la secretaria general del PSOE de Estepona, Emma Molina, insiste en que el alcalde “daña la imagen del municipio” y sostiene que “si tuviera un mínimo de dignidad, ya habría dado un paso al lado”. Molina recuerda que el PSOE exige su dimisión desde que se conoció el caso, ya que “los abogados del alcalde no han podido demostrar que esta trabajadora acudiera nunca a su puesto”.
El PP habla de campaña de difamación
Desde el PP de Málaga, sin embargo, apelan al respeto a la presunción de inocencia y subrayan que la primera denuncia presentada por la misma persona ya fue archivada. El equipo de gobierno de García Urbano califica las declaraciones socialistas como “una campaña de difamación” promovida por el PSOE con el objetivo de desgastar al alcalde, a quien defienden como “uno de los gestores más solventes desde 2011”.
Además, acusan a los socialistas de no tener legitimidad para criticar la gestión municipal actual, recordando los años de crisis financiera y presunta corrupción bajo mandatos anteriores del PSOE, que, aseguran, dejaron al Ayuntamiento con una deuda de más de 300 millones de euros.
También recuerdan que el alcalde ya fue objeto de una denuncia por acoso sexual, “archivada por el juez tras demostrarse su falsedad”, y afirman que la actual denuncia por malversación “carece de base legal y responde a un nuevo intento de desprestigio político”. El caso, por ahora, sigue abierto y a la espera de evolución judicial. Mientras tanto, el clima político en Estepona se enrarece con acusaciones cruzadas, y el foco permanece sobre la actuación del regidor y la respuesta del PP andaluz.