El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Julián Sánchez Melgar ha solicitado al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad del eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, para que pueda investigarle por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de su partido por los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias ‘CryptoSpain’, de cara a las elecciones europeas de 2024.
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El instructor le tomó declaración voluntaria por estos hechos el pasado julio. Entonces, ‘Alvise’ afirmó que Romillo le dio ese dinero pero no para la campaña electoral de SALF, si bien el empresario aseguró que se lo entregó con esa finalidad.
El Supremo tiene cuatro causas abiertas contra ‘Alvise’. Además de esta, cuenta otra por la difusión de una PCR falsa del ex ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; otra por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal delegada para delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert; y una más reciente también por el supuesto acoso a dos eurodiputados que concurrieron con SALF a dichas elecciones y posteriormente rompieron con el partido.
El magistrado Juan Ramón Berdugo, que instruye la causa por el presunto acoso a la fiscal, ya pidió suplicatorio a la Eurocámara por ese caso. Ahora, Sánchez Melgar hace lo propio, dirigiéndose al Parlamento Europeo a través del presidente de la Sala Penal del TS, Andrés Martínez Arrieta, y de la presidenta del alto tribunal, Isabel Perelló.
Explicación «poco verosímil»
Sánchez Melgar explica en su resolución de este martes que las pesquisas se refieren básicamente a una reunión en la que ‘Alvise’ habría pedido dinero a Romillo «para financiar su partido político, pero de forma oculta, sin constar en documentación alguna, ni reflejarse en su contabilidad». El empresario, por su parte, habría aceptado, a cambio de «influencias y contactos derivados de su actuación como parlamentario europeo».
«Estando ambos de acuerdo, convienen en que la entrega se hará por un tercero, comisionado de Romillo que le llevará una mochila con la cantidad de 100.000 euros», relata el Supremo, aunque precisa que los detalles «se fueron fraguando también mediante mensajería instantánea».
La entrega, continúa el instructor, «se hizo de forma personal», de modo que el emisario de Romillo le dio el dinero en una mochila, que ‘Alvise’ se llevó «a su casa sin ingresar tal cantidad, que iba en billetes de diversas clases».
El eurodiputado sostuvo que el dinero fue un pago por una charla que dio en el hipódromo de Madrid y que se había gastado la mitad en cosas personales, aunque también reconoció «gastos y necesidades del partido político, como viajes o almuerzos».
Para Sánchez Melgar, esa explicación resulta «poco verosímil», sobre todo teniendo en cuenta que el análisis del contenido del teléfono móvil de Romillo «acredita, indiciariamente, todos los aludidos extremos». En concreto, «los pormenores de una presunta financiación irregular», afectando además a «la limpieza y transparencia electoral», plasma el magistrado.