El exconcejal socialista y exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, uno de los cinco detenidos por la trama urbanística de Emvisesa, ha quedado en libertad con cargos, sin medidas cautelares, tras acogerse a su derecho a no declarar. También han quedado en libertad con cargos las otras cuatro personas detenidas por el caso.
Así lo ha afirmado su abogado, Alberto Castejón, en declaraciones a los medios. «Lo único que nos sorprende muchísimo es que se haya procedido a la detención habiendo estado personado desde hace más de seis meses en unas diligencias previas en las cuales la unidad central operativa no ha aportado en el día de hoy absolutamente nada nuevo que no conociésemos hace ya más de cinco meses», ha añadido el letrado.
El abogado ha asegurado que, de todas maneras, estudiarán «muy bien lo último que han aportado, que no es novedoso ni sorprendente, simplemente es redundando en la investigación inicial que habían hecho» y que, posteriormente, analizarán toda esa documentación y «procederemos a la declaración de nuestro clientes en el sede judicial».
Un caso sospechoso
El caso en cuestión está relacionado con la venta de una parcela en Higuerón Norte, en Pino Montano, y junto a Pineda fueron arrestadas otras cuatro personas, en una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entre las que se halla un empleado de la empresa municipal de la vivienda de Sevilla, todos ellos por su supuesta vinculación con la trama.
Se trata de un caso que vio la luz tras una denuncia por el proceso de enajenación de una parcela mediante subasta pública, comprada por 1,8 millones de euros y vendida a los pocos meses por casi cuatro millones. De la investigación se ocupa el Juzgado de Instruccion número 10 de Sevilla.
Como medidas cautelares civiles, de cara a asegurar las posibles responsabilidades civiles a las que tuvieran que hacer frente en un futuro, la jueza ha acordado la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de la prohibición de disponer de los bienes inmuebles y bienes muebles tanto de los cinco investigados como de las sociedades de las que son administradores, así como el bloqueo y embargo de los saldos de las cuentas bancarias tanto de las personas físicas investigadas como de las personas jurídicas, según informan desde la Oficina de Comunicación del TSJA.
Inicialmente, los detenidos están siendo investigados por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares. Durante sus respectivas comparecencias en sede judicial, los cinco detenidos se han acogido a su derecho constitucional a no declarar.
El Ayuntamiento de Sevilla, principal perjudicado
El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha asegurado que la empresa municipal de vivienda es la «principal perjudicada» de la investigación de la parcela de Pino Montano.
De la Rosa ha asegurado que «han colaborado con la justicia y han tomado medidas contundentes desde el minuto uno que se tuvo conocimiento de la investigación en septiembre de 2025».
El informe está centrado en unos terrenos de Pino Montano cuya venta quedó «numerosos años desierta» durante la época del exalcalde Juan Espadas (PSOE), que empezó en el año 2017, como consecuencia de que «era un precio alto porque, desgraciadamente, había tres inquilinos en esa parcela, y así lo reconoce la UCO», tal como señalaba entonces el delegado municipal de Urbanismo, Juan de la Rosa.
El edil recordaba que cuando vieron el «lastre» de esa parcela se hizo una tasación que «bajaba» porque había unos inquilinos en la misma «y la venta estaba sujeta a aquellos». «Nos dan una tasación de 1,8 millones y estos inquilinos que la compran, la venden cinco meses después por casi cuatro millones de euros, que es lo sospechoso», añadía el concejal de Urbanismo preguntado sobre este asunto.
El Ayuntamiento abría el pasado mes de noviembre una investigación interna y suspendía de empleo a un trabajador de Emvisesa tras tener acceso a un informe de la UCO al respecto después de constatar que formaba parte, presuntamente, del proceso «desierto y continuado» de la parcela, de esa venta posterior, y que, además, «recibió más de 78.000 euros en su condición de personal responsable de esta empresa municipal».
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