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La investigación judicial del denominado caso Plus Ultra suma un nuevo paso. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ampliar el estudio pericial de las joyas intervenidas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para conocer con mayor precisión cuál es su valor actual de mercado y cuándo fueron engarzadas.
Piden saber la fecha en la que las joyas fueron engarzadas
El primer estudio cifró de forma preliminar el valor del conjunto de las joyas en 1,3 millones de euros. Sin embargo, el Ministerio Público considera que esa tasación debe completarse con nuevos datos que permitan conocer el valor real que tendrían actualmente en el mercado. Además, la Fiscalía solicita que los expertos determinen la fecha aproximada en la que fueron montadas o engarzadas las joyas, un dato que podría resultar relevante para la investigación que dirige la Audiencia Nacional.
Las piezas fueron localizadas el pasado 19 de mayo durante un registro practicado por la Policía Nacional en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. Ese operativo se produjo después de que el magistrado acordara investigar al expresidente por su presunta participación en las gestiones relacionadas con el rescate concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a Plus Ultra en 2020.
Zapatero sostiene que fueron un regalo «de cortesía»
Tras conocerse la primera tasación, el juez amplió la investigación e imputó a Zapatero como presunto autor de delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando, al considerar necesario esclarecer el origen de las joyas y su posible situación fiscal. Hasta el momento, el expresidente no ha aportado una explicación detallada sobre el origen de las joyas ni sobre la identidad de la persona que se las entregó.
La solicitud de Anticorrupción se enmarca dentro de las diligencias abiertas por el juez José Luis Calama para esclarecer tanto el origen de las joyas como su posible relación con la investigación principal del caso Plus Ultra. Con esta nueva petición, la Fiscalía busca disponer de una valoración económica más precisa y de información técnica sobre la antigüedad de las piezas antes de adoptar nuevas decisiones procesales.
