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El director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, ha dimitido tras admitir la querella impuesta por agresión sexual. La supuesta víctima es funcionaria de la Policía y en la querella relata una agresión sexual y una posterior «campaña de acoso y manipulación» para lograr su silencio.
El comisario principal ha renunciado al cargo como máximo mando de este cuerpo tras la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid. Esta ha sido citado como investigado al admitir una querella por un cometido contra una subordinada. Según ha informado el Ministerio del Interior, González ha comunicado su decisión de renunciar al cargo que ostenta, lo que hará efectivo en las próximas horas.
El DAO de la Policía nombrado por Marlaska
José Ángel González Jiménez ingresó en la Policía Nacional en 1984 y es desde 2018 el máximo mando de la Policía Nacional, desde que Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior. En noviembre de 2024, este Ministerio dejó sin efecto su jubilación al cumplir 65 años para que continuara en el cargo, recurriendo a una modificación legal que fue cuestionada por los partidos de la oposición y algunos sectores policiales.
Una supuesta agresión sexual
En la querella, el abogado de la víctima apunta a la supuesta comisión de delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversaciones de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad. La querellante, integrante de la Policía Nacional, mantuvo «en el pasado una relación de afectividad» con el DAO.
La relación, según el escrito, finalizó «por decisión unilateral» de la víctima, una «circunstancia» que González «no aceptó», iniciando «a partir de entonces una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los «gravísimos hechos» denunciados.
El día de los hechos
En concreto, esos hechos habrían ocurrido el 23 de abril de 2025, cuando la mujer se encontraba prestando «servicio activo ordinario en la comisaría de Coslada». A partir del mediodía, ésta habría recibido «múltiples llamadas telefónicas» de González «requiriendo su presencia de forma inmediata y perentoria».
«Ante la negativa inicial y reiterada de la víctima, quien alegó razones laborales obvias, el querellado, haciendo uso explícito de su autoridad institucional, le instó e instruyó para que abandonara su puesto de trabajo utilizando un vehículo policial camuflado de la comisaría de Coslada, con la finalidad de reunirse con él con carácter urgente», recoge el escrito.
La víctima se habría trasladado a un restaurante en el que el DAO estaría comiendo con otro comisario. Después de compartir un rato con ambos, González y la mujer se trasladaron a un inmueble. Su superior la habría propuesto entonces subir a la vivienda, pero ésta manifestó «su incomodidad y su deseo de marcharse».
Una vez dentro de la casa, el DAO habría servido dos cervezas e iniciado «de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima». «Acercamiento que fue rechazado de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la víctima en todo momento», añade la querella.
«Comenzó una conducta agresiva»
Pese a las negativas, el DAO habría comenzado entonces «una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimidación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional».
La querella recoge numerosas tentativas de González, que habría tocado a la mujer sin su consentimiento en sus partes íntimas. En un momento dado, y «tras conseguir zafarse del querellado y poder abandonar el domicilio, la víctima recogió el vehículo policial camuflado que había utilizado para desplazarse hasta el lugar, se dirigió a la comisaría de Coslada donde prestaba servicio, dejó el vehículo, y se dirigió a su domicilio particular».
Según el escrito, el DAO comenzó tras aquel incidente una «campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica sobre la víctima orientada a mantener el control sobre la víctima, minimizar la gravedad de su conducta delictiva, culpabilizar a la víctima de lo sucedido, impedir que interpusiera denuncia por los hechos» y «ofrecer compensaciones laborales como precio del silencio».
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