El juez Santiago Pedraz, magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el conocido como ‹caso Leire Díez›, ha decidido no imputar al Partido Socialista por ahora para estudiar el poder real que tenía Santos Cerdán, entonces secretario de Organización, en la formación y si fue él quién ordenó pagos a la exmilitante socialista.

La imputación de la formación, que supondría un gran salto en la causa judicial, había sido solicitada por el Partido Popular y para el juez deberá esperar a que se practiquen más diligencias y se escuche a Cerdán.

En un auto el instructor de la causa argumenta que aunque los hechos descritos en la investigación «pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva por parte del PSOE, no se incorpora aún un elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad».

Sigue el criterio de Anticorrupción

Pedraz sigue así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que este miércoles emitió un informe en el que veía prematura la imputación de la formación socialista, a pesar de que apreciaba indicios de conductas presuntamente delictivas por parte de la presunta trama para obstaculizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, que habría estado liderada por Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.

«Lo cierto es que con lo actuado no se acredita lo que se viene denominando un ‘principio de prueba’ para atribuir la condición de investigado», incide el magistrado, que explica que el principio de prueba «es un dato, elemento o fuente objetiva que proporciona un apoyo mínimo a la realidad del hecho afirmado», esto es, que «no demuestra el hecho, pero le da una base objetiva».

El juez indica que «habría que valorar la eventual e indiciaria atribución de responsabilidad criminal al PSOE por los delitos presuntamente cometidos» por Cerdán y también por la gerente del partido, Ana María Fuentes, también imputada en la causa.

Análisis de la documentación

De esta forma, Pedraz considera que antes de imputar al PSOE habría que determinar «qué poderes reales tenía Santos Cerdán dentro de la estructura del partido, quién autorizó y ejecutó los pagos investigados en la causa» a Leire Díez y otros investigados, y «qué controles internos existían»,

También requiere conocer «si el partido obtuvo algún beneficio de las conductas investigadas» antes de la imputación, extremos que, por ahora, siguen sin concretarse.

Para acreditar estas cuestiones, el juez estima que habrá que practicar una serie de pruebas como la declaración de Cerdán, analizar documentación incautada en la sede del partido y en el domicilio del exsecretario de Organización y otros investigados, entre los que se encuentran los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, el empresario Javier Pérez Dolset y el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.

¿Quién pagó a Leire Díez?

Pedraz también quiere averiguar si los pagos a Leire Díez y otros miembros de la presunta trama «fueron ordenados y satisfechos» por Cerdán «desde cuentas de titularidad de la entidad para la comisión del ilícito encargo, permitiendo establecer una conexión objetiva entre la actuación de aquel y la estructura patrimonial» de la supuesta red criminal.

Y también concretar «quién ordenó materialmente esos pagos; quién estaba autorizado para disponer de las cuentas; cómo fue contabilizado; qué concepto se hizo constar en la transferencia o contabilidad; si existían facturas, contratos u otros documentos destinados a proporcionar una cobertura aparente al pago; quién autorizó o validó internamente el gasto; si intervino el departamento financiero o contable y si los órganos de administración conocieron los pagos», entre otras incógnitas.