El ‘caso Julio Iglesias’ sigue salpicando a los juzgados. En esta ocasión, ha sido el propio cantante el que ha presentado una denuncia contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por unos comentarios que atentan contra su inocencia. En este caso, la ministra le habría acusado de «abuso sexual» y «situación de esclavitud» contra sus trabajadoras, un hecho que el artista no ha querido dejar por alto.

Así se desprende del escrito, en el que su letrado José Antonio Choclán insta a Díaz a «rectificar públicamente» el mensaje que publicó en su cuenta en la red social ‘Bluesky’. También pide a la vicepresidenta que indemnice a Iglesias «en la cantidad que se establezca en función del grave daño social producido» por su «comportamiento injurioso y calumnioso».

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Díaz, en concreto, compartió el pasado 13 de enero una noticia con el titular ‘Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales’. «Escalofriantes testimonios. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente», añadió.

La representación del cantante indica que la vicepresidenta fue entrevistada al día siguiente en un programa de televisión en el que se debatía sobre la denuncia que varias extrabajadoras de Iglesias presentaron en su contra, y que no fue admitida al considerar la Fiscalía que no era competente para investigarla.

Un mes de la publicación del decreto de archivo

Fue el pasado mes de enero, en concreto, cuando el Ministerio Fiscal publicó su decreto de archivo, en el que destacaba la «falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados».

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Díaz, según recoge el escrito ahora presentado, afirmó que las trabajadoras «estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias». «La investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres», aseveró.

El escrito incide en que «la demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública primero a través de una red social y, después, a través de un medio de televisión claros prejuicios de culpabilidad contra Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales».