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La Fiscalía no ve delito en la actuación de Begoña Gómez. El Ministerio Público ha pedido que la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su asesora, Cristina Álvarez, queden absueltas en el proceso que se celebrará ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid.
La petición figura en el escrito de conclusiones de la Fiscalía Provincial. En él, el fiscal reclama «la libre absolución de las acusadas» y sostiene que «los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal».
Se trata de un paso clave antes del juicio: cada parte presenta en este escrito qué cree que ocurrió y qué condena, si alguna, considera que corresponde.
El fiscal reclama «la libre absolución de las acusadas» porque, a su juicio, los hechos no constituyen delito
El caso lo instruyó el juez Juan Carlos Peinado, que antes de su jubilación, en septiembre, decidió sentar en el banquillo a ambas mujeres. A Gómez se le atribuyen dos posibles delitos, malversación y tráfico de influencias; a Álvarez, solo el segundo.
Según la tesis del instructor, la esposa del jefe del Ejecutivo se habría valido de esa condición para ganar peso profesional en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En el caso de su asesora, la investigación se centró en su presunto papel en el supuesto desvío de un ‘software’ creado dentro de la cátedra extraordinaria que Gómez codirigía en esa universidad.
En su auto de apertura de juicio, Peinado afirmó que Gómez «habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid».
Sin beneficio ni perjuicio
El Ministerio Público rebate esa versión punto por punto. Su escrito subraya que «ninguna de las investigadas se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del ‘software’ informático, ni consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas».
La Fiscalía extiende esa conclusión a las compañías que participaron en el proyecto. «Ni sociedades ni empresas intervinientes pretendieron ni obtuvieron ninguna remuneración a consecuencia de su participación en el proyecto», expone.
Según la Fiscalía, ni Gómez ni Álvarez cobraron por esta actividad ni presionaron a las empresas patrocinadoras
También descarta cualquier tipo de presión. Ni Gómez ni Álvarez, recalca, «realizaron presión de ningún tipo sobre las empresas afectadas para la promoción de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y sus patrocinios».
Una cátedra sin sueldo
El escrito repasa además la trayectoria de Gómez en la Complutense, donde participó en tareas docentes entre 2012 y julio de 2024. Allí codirigió la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, en marcha desde 2020 hasta 2024.
Ese cargo, insiste el fiscal, no estaba pagado: fue «una actividad no retribuida, por la que, consiguientemente, percibió 0 euros». Añade que para dirigir este tipo de cátedras «no es preciso título universitario o profesional de ningún tipo».
La esposa de Sánchez codirigió la cátedra entre 2020 y 2024 y, según el fiscal, «percibió 0 euros»
El documento sitúa el origen de la cátedra en una reunión en el Palacio de la Moncloa, hacia julio de 2020, entre Gómez y el rector de la UCM, Joaquín Goyache. El encuentro, convocado a iniciativa de ella, tuvo lugar con la universidad cerrada por la pandemia y las restricciones sanitarias.
El papel de la asesora
Sobre Cristina Álvarez, la conclusión es igual de clara. La Fiscalía mantiene que ha «cumplido las funciones inherentes a su cargo» sin causar daño alguno al dinero ni a los recursos públicos, y sin recibir por ello compensación o ventaja extra.
La postura del fiscal choca de lleno con la de la acusación popular. Hazte Oír, que la encabeza, reclama 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez. Las defensas de ambas, por su parte, solicitan igualmente su absolución. Será ahora el jurado popular quien escuche a todas las partes y decida.
