La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda la aplicación de la conocida como ‘ley de nietos’ ante la celebración de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Según fuentes fiscales, el ministerio público ha adoptado esta decisión al apreciar «serias dificultades» para hacer efectiva la suspensión del derecho al voto.

Además, la Fiscalía solicita que la Sala de lo Contencioso-Administrativo permita a los afectados personarse en el procedimiento para defender sus intereses. La convocatoria electoral ha alterado el escenario previsto por el Supremo, que acordó suspender el derecho al voto de los nacionalizados al amparo de la ley de nietos cuando todavía no había elecciones convocadas, una circunstancia que reducía las consecuencias prácticas de una resolución especialmente controvertida.

El adelanto electoral también ha generado dudas en el seno del propio Tribunal Supremo, especialmente por el hecho de que los miles de afectados por la medida no hayan tenido la oportunidad de ser escuchados. Aunque varias asociaciones han solicitado personarse en la causa para recurrir la decisión, los perjudicados directos, 163.020 personas, según el último escrito de la Abogacía del Estado.

Situación con consecuencias jurídicas relevantes

Esta situación podría tener consecuencias jurídicas relevantes. Según advierten algunos magistrados, si el Supremo mantiene la suspensión sin haber dado audiencia a los afectados, el Tribunal Constitucional podría acabar revocando la medida.

En este contexto, la decisión que adopte el Tribunal Supremo será clave para determinar cómo afecta la suspensión a los ciudadanos que han obtenido la nacionalidad española a través de esta normativa. La proximidad de la cita electoral añade presión a un procedimiento que enfrenta el derecho a la participación política con las dificultades legales y administrativas para garantizar su aplicación efectiva.